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Decretan orden de captura para hermano de Sigfrido Reyes  A la cita solo compareció el socio del expresidente de la Asamblea Legislativa, Bryon Larrazábal, a quien fiscalía lo acusa de estafa agravada en perjuicio del IPSFA.

Jaime López

viernes 4, junio 2021 • 12:46 pm

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El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, decretó orden de captura contra Earle Reyes Morales, hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por no presentarse a la audiencia en la que sería notificado de los delitos que Fiscalía lo acusa: lavado de dinero y activos y estafa agravada.

Sus abogados, que sí asistieron, justificaron ante el juez la incomparecencia de Reyes y adujeron que fue por un quebranto de salud y por no haber sido vacunado contra el covid-19.

A la diligencia también había sido convocado el socio del exdiputado Reyes, Byron Larrazábal a quien el juez Arévalo Ortuño le decretó medidas alternas a la prisión, luego de notificarle los delitos por los que es procesado.

Seguro, este Juez, que (Larrazábal) no puede interrumpir la investigación que se está realizando y su presencia revela que no hay peligro de fuga, le dejé las siguientes medidas: no salir del país, fijar una dirección y no cambiarla durante el proceso, entregar su pasaporte, que ya lo hizo y presentarse a firmar los martes y los viernes al juzgado hasta la audiencia preliminar”. Roberto Arévalo Ortuño, juez Sexto de Instrucción.

En cuanto a Reyes Morales, el juez dijo que “por más débil que fuera la apariencia de buen derecho” como lo anticipó su defensor, sí debe haber alguna medida como no salir del país ni cambiar de domicilio, “pero ni siquiera vino, de modo que esos argumentos no fueron útiles para resolver”.


A pesar que la defensa sostuvo en la audiencia que su cliente no puede interferir ni estorbar el proceso, el juez sostuvo que sí hay peligro de fuga, puesto que no se presentó a la audiencia.

La primera razón expuesta, de que no estaba vacunado contra el covid-19, el juez la rechazó porque la audiencia en la que se anuló la orden captura fue hace más de un mes, y “pudo haber comprado las dos dosis de vacuna y estar vacunado, así que eso no es argumento”, afirmó Arévalo Ortuño.

Y dice que tiene problemas de salud muy graves en su sistema urinario y sus abogados presentan una constancia no reciente, sino de principio de año. Necesito una constancia más reciente y la certificación de Medicina Legal y no tiene ninguna de las dos, razón por la cual en este momento ordené una nueva orden de captura contra Reyes Morales”. Roberto Arévalo Ortuño, juez Sexto de Instrucción.

Arévalo Ortuño dijo que dejaba abierta la posibilidad de que “la defensa presente una constancia de salud reciente y una evaluación de Medicina Legal, condiciones con las que podría levantarle la orden de captura”.

El juzgador manifestó que tenía información de que Earle Reyes se encuentra fuera del país, en Suiza.

Los hechos

Según Fiscalía, los hechos que se atribuyen a Reyes, Larrazábal y 12 personas más, ocurrieron entre 2011 a 2014 cuando Sigfrido Reyes fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, en su condición habría extraído dinero del Estado con el que habría cometido el delito de peculado y facilitado al socio y a su pariente, que ellos cayeran en el delito de lavado de dinero y activo.

El fiscal del caso afirmó que solo el hermano de Reyes presuntamente ha lavado más de $500,000 en compra de inmuebles por medio de sociedades de fachada, así como compra de vehículos sin tener la capacidad económica y simulando contrato con Sigfrido Reyes.

En tanto, Larrazábal, socio del exdiputado, habría cometido una estafa de manera directa mediante terrenos del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) por medio de sociedades y testaferros (prestanombres), con quienes engañaron al Estado adquiriendo sus bienes a precio de menor valor, para luego dotarlos de escrituras y venderlos con una mejor plusvalía o ganancia. De forma preliminar la estafa atribuida a Larrazábal según Fiscalía es de $1.5 millones.

Sin embargo el monto total del daño económico causado al Estado, al IPSFA y la Asamblea Legislativa aún no lo tienen las autoridades, información que esperan alcanzar con una pericia financiera contable que se realiza por parte de expertos del Ministerio de Hacienda, Corte de Cuentas y que ya está “bien avanzada”, afirmó el fiscal.

Esa pericia va a determinar en la etapa final de instrucción, ¿cuánto es el monto total del daño en perjuicio a la economía,instituciones del Ipsfa y la Asamblea Legislativa?”, concluyó el fiscal.

Se intentó conocer la postura del caso con el abogado defensor de Earle Reyes, Pedro Cruz pero dijo que no estaba autorizado por su cliente y que en los próximos días convocarán a una conferencia de prensa.