Los diputados suplentes salieron del ordenamiento jurídico tras la sentencia de inconstitucionalidad del 13 de julio de 2016. / DEM

Política

Decisiones que tomó la legislatura revertidas por inconstitucionales

Gerson Chávez

martes 1, mayo 2018 • 12:00 am

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El trabajo de la legislatura 2015-2018 estuvo marcado por varias sentencias de inconstitucionalidad en su contra emitidas por la Sala de lo Constitucional, en materia de presupuesto, probidad y elección de funcionarios de segundo grado.

El jueves 27 de julio de 2017, la Sala le corrigió la plana a la Asamblea Legislativa, al declarar inconstitucional el presupuesto general de la nación de 2017, porque  vulneraba los principios de equilibrio presupuestario y universalidad a raíz del desfinanciamiento de obligaciones previsionales, pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), devoluciones del IVA a exportadores y del impuesto sobre la renta a los contribuyentes. El presupuesto fue aprobado por FMLN, GANA y otros partidos.

El 24 de noviembre del año pasado, la Sala también declaró inconstitucional la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa que ampliaba de tres a cinco años el período de mandato de los alcaldes y diputados. Según la Sala, la Asamblea desconoció la etapa informativa al aprobar el acuerdo siete días antes de que la legislatura 2015-2018 iniciara sus funciones.

El 13 de febrero pasado, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la Ley de Probidad que le quitaba la potestad a la Corte de ordenar juicios civiles por enriquecimiento ilícito.

 

Caso suplentes


Una de las sentencias fue la emitida el 13 de julio de 2016, que sacó del ordenamiento jurídico a los 84 diputados suplentes de esa legislatura. Según la sentencia, los suplentes fueron inhabilitados porque carecían de legitimidad popular, ya que su nombre no apareció en las papeletas de votación, el 1 marzo de 2015.

La inhabilitación se originó en la sentencia sobre la emisión de $900 millones en bonos aprobados por la Asamblea Legislativa por FMLN, GANA y otros partidos, declarada inconstitucional por la Sala.

El argumento de la Sala fue que la Asamblea cometió fraude al elector en esa aprobación porque no existió  “una causa justificada para llamar a un diputado suplente para que sustituya a un diputado propietario”.

Ese 13 de julio, la Sala declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, por considerar que impedía el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas.