Apropósito de nuestros deberes cívicos, propongo que reflexionemos sobre  esta pregunta: ¿A quiénes debemos los ciudadanos jurar lealtad, a las personas o a las normas?  El artículo 235 de nuestra Constitución, prescribe que “Todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”. Ello implica, que el deber de obediencia de los funcionarios,  queda comprometido al cumplimiento de nuestra Constitución.

Opinión

Deber de lealtad y clientelismo

Juan Antonio Durán Ramírez / Juez y profesor universitario

lunes 13, septiembre 2021 • 12:00 am

Compartir

Apropósito de nuestros deberes cívicos, propongo que reflexionemos sobre  esta pregunta: ¿A quiénes debemos los ciudadanos jurar lealtad, a las personas o a las normas?  El artículo 235 de nuestra Constitución, prescribe que “Todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”. Ello implica, que el deber de obediencia de los funcionarios,  queda comprometido al cumplimiento de nuestra Constitución.

La Constitución establece las reglas de nuestra convivencia social, reconoce nuestros derechos y garantías, fundamenta y organiza el ejercicio del poder y su autoridad, el contenido de dicho ejercicio, prescribe los límites al poder y regula los mecanismos de control ante los excesos y abusos del poder.  El concepto de Constitución es inseparable de la idea del control, fundado en la desconfianza hacia quien detenta el poder, y lo distribuye en distintas instituciones y personas, estableciendo un sistema de frenos y contrapesos, por medio de controles intraorgánicos, dentro de las mismas instituciones; o controles interorgánicos, de unas instituciones a otras.

La separación de poderes es el fundamento de nuestro sistema de gobierno democrático y republicano. La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, sino una herramienta del pueblo para controlar al gobierno.

El jurista italiano don Norberto Bobbio, plantea la siguiente alternativa: ¿es preferible el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? Dicha pregunta plantea un segundo problema, vinculado, no a la forma de gobierno, sino al modo de gobernar; y abre el debate en términos de distinción entre buen gobierno y mal gobierno. Tanto Platón, en su obra “Las Leyes”, como Aristóteles, en su “Política”, sostienen que es preferible ser gobernado por leyes que por la voluntad de hombres, pues las personas son apasionadas y la pasión ciega la razón, mientras que a las leyes les atribuye ser, la razón desprovista de pasión.

El principio de Supremacía constitucional (art. 246) implica que la Constitución goza de Supremacía política: no hay ningún poder por encima de ella; y de Supralegalidadjurídica: no hay ninguna ley, orden o resolución, superior a la Constitución. Ella delimita el marco de actuación del pueblo, quien se autolimita, pues ejerce su soberanía dentro de los límites de la Constitución (art. 83), para evitar que por medio de la demagogia, se engañe al pueblo y lo arrastre hacia autocracias, dictaduras o tiranías.

Una práctica muy arraigada de nuestros gobernantes, funcionarios y de quienes viven de la política ocupando cargos para los que no están preparados, o estándolo, no lo ejercen con lealtad y apego a la Constitución y a las leyes, es el clientelismo. Según la RAE, clientelismo es la práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidad a cambio de favores recibidos. Y el diccionario Panhispánico de dudas, lo define como el sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes acogen a ellos para ingresar o ascender en el servicio público.   El clientelismo es una modalidad de corrupción, que mediante el tráfico de influencias, exige actuaciones mediante el quebranto de la ley como pago del favor por el  nombramiento, promoción o ascenso recibido. Quid pro quo, decían los romanos. El clientelismo exige lealtad personal, contrario al juramento constitucional que exige lealtad a la Constitución.


Se requiere un poquito de sensatez y sentido común, para advertir cuándo una actuación es contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico. En el derecho penal, uno de los juicios que se hace al autor, es la conciencia de la ilicitud, en el que se valora el comportamiento del inculpado comparándolo con la conciencia de la ilicitud que tiene el hombre de a pie, el hombre de la calle o esfera del profano. Ese juicio se puede hacer con nuestros funcionarios, jueces, abogados y ciudadanos, respecto de si las actuaciones de nuestros gobernantes son compatibles o no con la Constitución. Para advertir si una actuación del poder, riñe con el Derecho. Se requiere de nobleza, entendida como la carencia de maldad o de doble intención, y de buena fe, para estar a la altura de los tiempos que reclama la república a sus hijos.