La agresión sufrida la semana pasada por Jorge Beltrán Luna, periodista de El Diario de Hoy, a manos del Inspector de la PNC,  Martínez Velásquez, deja en evidencia la intolerancia y la impunidad con la que aún se ataca en este país a quienes no hacen más que su trabajo de investigar y publicar los hechos que ocurren en la realidad.

Opinión

De reportero a protagonista

Roberto Burgos Viale / Catedrático @burgosviale

lunes 12, julio 2021 • 12:00 am

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La agresión sufrida la semana pasada por Jorge Beltrán Luna, periodista de El Diario de Hoy, a manos del Inspector de la PNC,  Martínez Velásquez, deja en evidencia la intolerancia y la impunidad con la que aún se ataca en este país a quienes no hacen más que su trabajo de investigar y publicar los hechos que ocurren en la realidad.

El periodista se encontraba en la zona donde se procedía a la recuperación del cadáver de un joven, que había sido privado de libertad en Apopa, y no obstaculizaba ni el trabajo de los peritos, que ya habían concluido con el mismo, ni de los socorristas que se mantenían a una distancia considerable, en una zona boscosa, y que ni siquiera estaba dentro de un precinto policial, que al momento de este hecho no había sido definido.

Sin embargo, la intolerancia de un suboficial de policía, alentado por un lenguaje de odio que desde el presidente Nayib Bukele pasa por su gabinete de seguridad y llega hasta los diputados aliados del oficialismo, provocó el efecto tantas veces señalado por el gremio de periodistas y defensores de derechos humanos: se materializó en actos concretos de agresión, que ponen en peligro la vida e integridad de la víctima, pero también del resto de personas que ejercen el periodismo.

En pocos segundos, el reportero se convirtió en el protagonista de la noticia, gracias al video captado en su teléfono móvil y en el que se identifica plenamente el rostro del uniformado, su grado jerárquico en la escala policial, la placa con sus apellidos y, más evidente aún, la cólera con la que actuó en contra de un profesional de la comunicación, más consciente que el agente estatal, de sus derechos y responsabilidades, y no sometido a la obediencia ciega o al miedo que algunos agentes están acostumbrados a infundir en la población, en especial entre los más pobres.

Las reacciones, luego de conocerse el hecho, podrían calificarse de tibias del lado gubernamental, de indignación en el gremio de periodistas y de complicidad con el agresor por parte de algunos, como el diputado Guillermo Gallegos, quien se apresuró a calificar como “Héroe” al subinspector, pero a la vez a negó la existencia de la agresión contra el periodista “…porque nadie la vio”, en una contradicción que pone en duda su capacidad de razonamiento y habilidad verbal. Por su parte, el Fiscal General de la República impuesto por el oficialismo señaló: “Tengo que analizar los hechos, no me puedo basar en lo que vi en redes sociales…”, a pesar de la evidencia captada por la misma víctima, y que ya se había hecho del dominio público.

Esta creciente vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo se traduce en lo que va del año, según los últimos datos publicados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en por lo menos 45 restricciones al ejercicio del periodismo, 26 bloqueos del acceso a información pública, 10 declaraciones estigmatizantes contra el gremio, cinco intimidaciones y por lo menos tres amenazas verbales, entre otros hechos de violencia física y psicológica, que diariamente deben afrontar las mujeres y hombres que nos informan sobre lo que está ocurriendo en el país, pero no sobre lo que les cuesta hacer su trabajo.


En diciembre del dos mil diecinueve, tras realizar una visita a El Salvador invitada por el actual Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizaba su informe de observaciones preliminares refiriéndose al derecho a la libertad de expresión, enfatizando, entre otras cosas, la necesidad de: “Propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación…”, y a continuación: “Evitar la estigmatización y la desacreditación de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, asegurando que las declaraciones de las autoridades públicas sean respetuosas de su labor”.

Con su conducta, el inspector Martínez Velásquez pone en duda el cumplimiento de dichas recomendaciones, y hace evidente la necesidad de un proceso de depuración policial que ya lleva demasiado tiempo postergado, y que debería de comenzar, a diferencia de los procesos anteriores, por los mandos policiales que son los que orientan operativamente a los agentes desplegados en el territorio.

De la depuración de este Gobierno y del lenguaje de odio usado entre sus filas, mejor ni hablar, no tiene remedio, y el Presidente es el mejor, o el peor ejemplo de ello.