El investigador Roberto Burgos criticó a las instituciones públicas que recurren ante las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la jurisdicción contencioso administrativo pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) solo faculta a las personas particulares y no a los entes obligados.

Política

Cuestionan a entidades del Estado por desafiar al IAIP

Gerson Chávez

lunes 29, octubre 2018 • 12:02 am

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El investigador Roberto Burgos criticó a las instituciones públicas que recurren ante las sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la jurisdicción contencioso administrativo pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) solo faculta a las personas particulares y no a los entes obligados.

“Recurrir de las decisiones del IAIP constituye una dilación  innecesaria en la entrega de información que ha sido declarada pública y que pertenece a los ciudadanos”, consideró Burgos, quien en el ejercicio del acceso a la información pública solicitó el registro de los viajes y los viáticos del expresidente de la República, Mauricio Funes.

Según Burgos, las instituciones se refugian ante las instancias contenciosas administrativas para frenar la contraloría ciudadana.

“Las autoridades pretenden con esta clase de litigios administrativos disuadir la demanda ciudadana de datos e informes con los cuales ejercer contraloría ciudadana”, manifestó Burgos quien también solicitó la información de los viajes del exfiscal general Luis Martínez.

Esos datos no han sido entregados a Burgos porque la Fiscalía General de la República (FGR) recurrió a la Sala de lo Contencioso Administración, que aún sigue sin pronunciarse en el tema.

“Saber es un derecho humano, constituye una expresión de la misma libertad de expresión reconocida por la Constitución”, dijo


La investigadora de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jessica Estrada, dice que recurrir las demandas del IAIP perjudica a la población en general porque la información solicitada, generalmente, deja de ser oportuna. “Acudir a la Sala de lo Contencioso (por parte de los entes obligados) parece ser utilizado como  una manera de dilatar la entrega de información, pues sabemos que los procesos en esta instancia suelen demorar mucho tiempo”, valoró.

Concluyó que las instituciones públicas, al no entregar la información pública al peticionario, “no están respetando la autoridad que tiene el IAIP”.