Política

¿Cuál es el riesgo del bitcoin para el financiamiento político en El Salvador? El TSE no cuenta con herramientas para fiscalizar, en dólares, el financiamiento de los partidos, menos en moneda digital, advierte Acción Ciudadana.

Susana Peñate

viernes 18, junio 2021 • 5:40 pm

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La Asociación Acción Ciudadana expresa su preocupación por que el uso de cualquier criptomoneda de forma legal en el país abra la puerta a la financiación de partidos políticos con fondos ilícitos, es decir, de dinero de grupos delictivos y crimen organizado.

El pasado 8 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, que establece el bitcoin “como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción”. El artículo 7 obliga a recibir bitcoins por cualquier venta de bien o servicio.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, indicó que no tratan de hacer un análisis de la criptomoneda en su componente tecnológico, sino en el financiamiento político.

El crimen organizado puede valerse de eso para financiar políticos. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC.

Estos son los riesgos mencionados:


1. Dinero sucio.

El gran riesgo mencionado por la AC es que el uso de la criptomoneda puede abrir la puerta de dinero sucio para financiar a los partidos políticos, ya sea proveniente de la corrupción, narcotráfico o crimen organizado.

2. TSE sin mecanismos de fiscalización.

Escobar señala que los partidos políticos salvadoreños no cuentan con suficientes controles para evitar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas y califica como “débil e insuficiente” la fiscalización que realizan el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) al financiamiento de los institutos políticos.

Algunos partidos se resisten a dar cumplimiento a la obligación legal de hacer pública la fuente de su financiamiento. Las candidaturas no están obligadas a rendir cuentas del origen y destino de su financiamiento, abriendo la puerta para el ingreso de dinero ilegal”. Comunicado de Acción Ciudadana.

3. Bitcoin promueve la privacidad

Uno de los problemas según la AC es que la criptomoneda promueve la privacidad, incluso el cambio de identidad del usuario, un principio contrario a la transparencia exigida por la Ley de Partidos Políticos de El Salvador.

4. Desvío de recursos públicos

Otro de los riesgos que podrían presentarse es el desvío de recursos públicos, ya sea estatales o municipales, para convertirlos en bitcoin y pasarlo a algún partido o candidato.

En esos casos, la autoridad electoral deberá tener la capacidad para detectar que proviene de fondos estatales, pero la manera en que funciona hace difícil ese rastreo.

El Tribunal en actuales condiciones no tiene capacidad de rastrear ese dinero. Eduardo Escobar, director de la AC.

5. Deuda política

Si la deuda política se entregase en criptomoneda, cabe la posibilidad que la autoridad estatal pueda afectar a determinados partidos a través de la convertibilidad a dólares, generando un monto menor.

 

La propuesta

Ante esto, Acción Ciudadana recomienda que el TSE cree la Unidad de Fiscalización de partidos políticos para controlar el dinero que ingresa y gastan dichos institutos.

Esta solicitud no es nueva. Ni el TSE la ha creado ni la Asamblea Legislativa le ha aprobado su financiamiento.

A esta unidad debe dotársele de herramientas tecnológicas y de personal capacitado en la materia para que también fiscalicen las donaciones en criptomonedas que reciban los partidos. Lo mismo aplica para la Corte de Cuentas en caso la deuda política sea pagada en criptomoneda. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC.

El Banco Centra de Reserva tiene 90 días, hasta el 7 de septiembre de 2021, para elaborar una norma en la que podría emitir exigencias como la prohibición del anonimato en el uso de las criptomonedas.

 

En dólares, partidos no rinden cuentas

La Asociación también recomienda legislar para que los institutos políticos rindan cuentas de sus ingresos y gastos.

En las últimas mediciones del índice de transparencia, pocos partidos estaban en niveles aceptables. Incluso algunos se resisten a dar información de su financiamiento.

“Tenemos el caso de Nuevas Ideas que en tres años consecutivos no nos ha dado información sobre sus donantes”, dijo.

Otros que no entregan la información financiera son Gana y el FMLN.