En mi columna anterior mencionaba sobre la urgente necesidad de que la administración del presidente Bukele cumpla con su promesa de campaña de lograr un pacto fiscal, como parte de un proceso amplio de participación y discusión frente a la sociedad que permita construir una política fiscal más sostenible, justa y transparente, pero sobretodo que consiga que el Estado salvadoreño cumpla con su mandato de garantizar el bienestar y los derechos de todos y todas. No hay duda que un proceso de esa naturaleza no será fácil y deberá responder a un contexto económico y fiscal muy complejo.

Opinión

¿Cuál es el contexto fiscal?

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 18, marzo 2021 • 12:00 am

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En mi columna anterior mencionaba sobre la urgente necesidad de que la administración del presidente Bukele cumpla con su promesa de campaña de lograr un pacto fiscal, como parte de un proceso amplio de participación y discusión frente a la sociedad que permita construir una política fiscal más sostenible, justa y transparente, pero sobretodo que consiga que el Estado salvadoreño cumpla con su mandato de garantizar el bienestar y los derechos de todos y todas. No hay duda que un proceso de esa naturaleza no será fácil y deberá responder a un contexto económico y fiscal muy complejo.

Derivado del impacto de la pandemia, de las tormentas tropicales que afectaron al país y a una dinámica previa de poco dinamismo económico, tenemos una economía que se contrajo en 2020 y para la que se espera una recuperación para 2021, de entre el 3.8% a 4.5% de crecimiento del PIB.  Sin embargo, y al margen de que los efectos de la pandemia se logren minimizar en el corto plazo, sin un cambio estructural en las condiciones socio productivas del país, en 2022 el crecimiento se volverá a estabilizar entorno al 2.5% del PIB.

En materia de ingresos públicos, estos dependen de una estructura tributaria regresiva: el 58.3% deviene de impuestos indirectos y contribuciones especiales. Para 2021, no se espera que esto cambie, incluso el Gobierno espera que el peso relativo de la recaudación de los impuestos indirectos sobre el total de la recaudación incremente, alcanzando 61.2% del total, producto de la contracción esperada en las ganancias e ingresos a ser presentados en las declaraciones 2020 del ISR y del aumento previsto en la recaudación del IVA, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda,  esto último como consecuencia del combate a la evasión fiscal y al contrabando. Sin embargo, el plan para lograrlo no es de conocimiento público.

En el ámbito del gasto público, en 2020 el gasto del gobierno central alcanzó un 30.0% del PIB, como consecuencia del incremento necesario de los gastos para atender la pandemia y las emergencias climáticas. Para 2021, y aunque es menor a lo observado en 2020, el gasto se encuentra  5.0% del PIB por encima del promedio de la década anterior, lo cual implica una mayor presión sobre el déficit fiscal, que para 2021 podría llegar a 4.8% del PIB. Esta decisión tendrá implicaciones directas en el saldo de la deuda pública.

El endeudamiento público es particularmente preocupante para El Salvador, y lo ha sido desde hace varios años, somos el país más endeudado en la región centroamericana. De esa forma, y por supuesto influenciado por la pandemia del Covid-19, el saldo de la deuda al final de 2020 representó el 87.0% del PIB; en 2021, podría alcanzar 89.4% del PIB y a menos que exista algún cambio significativo en las finanzas públicas en el corto plazo, podría superar la barrera del 100.0% del PIB. Además, se debe tener en cuenta que la calificación futura de la deuda salvadoreña dependerá en gran medida de las decisiones y cambios políticos que ocurran en el país en los próximos dos años.

En materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y la impunidad, el país tiene un gran desafío, en especial a raíz del progresivo deterioro en la garantía del derecho de acceso a la información pública que se ha venido observando. Las acciones que se tomen en este ámbito determinarán la posibilidad de contar con una política fiscal que tenga legitimidad frente a la ciudadanía salvadoreña.


Ante este contexto fiscal particularmente desafiante, resulta indispensable que las autoridades salvadoreñas incluyan, como parte de un pacto fiscal, discusiones sobre la suficiencia y sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo, sin que esto ponga en entredicho los recursos necesarios para la garantía de los derechos de la población y el cumplimiento de los compromisos derivados de los Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.