La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha remitido 22 casos de funcionarios a la respectiva cámara de lo ciivl por indicios de incrementos patrimoniales injustificados, de acuerdo al Observatorio a la  Fiscalía General de la República de Acción Ciudadana (AC).

Política

CSJ solo envía un caso a Cámara por indicios de riqueza ilícita en 2020

Yolanda Magaña

viernes 15, mayo 2020 • 12:00 am

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha remitido 22 casos de funcionarios a la respectiva cámara de lo ciivl por indicios de incrementos patrimoniales injustificados, de acuerdo al Observatorio a la  Fiscalía General de la República de Acción Ciudadana (AC).

En total, el estudio señala una cantidad ilícita aproximada de $34,528,572.37 en las 22 investigaciones.

De acuerdo al detalle de los casos resueltos por la CSJ del estudio, uno de los casos fue una resolución emitida el 20 de enero de 2020 por $155,557.44 al exdirector de Aviación Civil.

El estudio fue realizado con información proporcionada por la Sección de Probidad de la CSJ por medio de una respuesta a solicitud de información, entregada el 27 de febrero de 2020, al Observatorio.

El informe documenta los casos emitidos en años anteriores. Por ejemplo, seis de los casos fueron resoluciones emitidas por la CSJ en el año 2019.

El 30 de julio de 2019 contra un exdiputado por $373,183.09; el 9 de abril de 2019 contra el exministro René Figueroa por $309,000; el 23 de mayo contra el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Manuel Menéndez “Mecafé”, por $2,161,297.03; el 28 de mayo, contra el presidente de un institución por $3,459,738.02 y contra la exviceministra Blanca Imelda Jaco por $103,225.42; y el 30 de mayo de 2019 contra el exsecretario particular de Antonio Saca por $461,119.50.


El estudio señala que en los casos la CSJ ordenó secuestros de bienes de los investigados de acuerdo a la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.

La Corte atribuye, señala el informe, a la Cámara competente que cumpla estos secuestros de bienes inmuebles, con el respectivo oficio al Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca.

El estudio señala que no dispuso de toda la información, únicamente de las actas y en algunos casos la CSJ no es informó del monto ni de las medidas precautorias tomadas.