Política

Corte de Cuentas entregó informe de Gastos Reservados a la Fiscalía La CCR no reveló los hallazgos porque la información está reservada. La Presidencia, además, negó información del período de Salvador Sánchez Cerén.

Gabriela Villarroel

martes 28, enero 2020 • 12:42 pm

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La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, informó este martes que la entidad contralora entregó un informe de auditoría sobre los Gastos Reservados de la Presidencia de la República en el 2014 esta misma semana a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Se logró hacer un informe de auditoría de Gastos Reservados de la Presidencia. Como esta auditoría esta hecha a los mismos gastos clasificados del gobierno, según la ley, no puede publicarse", aseguró Rivas en declaraciones a la prensa, durante la presentación del Informe de Resultados del Observatorio Ciudadano a la CCR.

La magistrada prefirió no detallar qué tipo de hallazgos presenta el informe; sin embargo, confirmó que se entregó a petición de la Fiscalía y está actualmente en fase de Juicio de Cuentas. "Tiene algunas observaciones, no voy a precisar qué tipo de observaciones, y se remitió lo pertinente tal cual lo solicitó la Fiscalía General" agregó Rivas.

El equipo de auditoría encargado de elaborar el informe, afirmó, inició su trabajo por encargo del Gobierno de Nayib Bukele "para examinar el rubro de gastos reservados", y, valorando que existe competencia para la investigación de cinco años atrás, se comenzó a revisar el 2014.


La primera magistrada María del Carmen Martínez aseguró, sin embargo, que una de las observaciones contenidas en el informe es la negativa de la Presidencia a brindar información sobre el uso de los Gastos Reservados durante 2014, el primer año de gestión de Salvador Sánchez Cerén.

Según Martínez, la presidencia apela a la Constitución de la República y el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) para negar la información de los gastos clasificados a la Corte de Cuentas.

Rivas declinó revelar el contenido del informe, o si la Presidencia negó información. "Al realizar la auditoría debe mantenerse el carácter de la información reservada, si no, yo cometo el ilícito contenido dentro del artículo 355 del Código Penal", agregó.

Este artículo establece que quien revele "los secretos políticos o militares referentes a la seguridad del Estado o facilitare su divulgación, será sancionado con prisión de dos a seis años".