La semana pasada se llevó a cabo el XVII Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), que el empresariado salvadoreño viene realizando desde 1999. Sobresalieron dos visiones marcadamente diferentes. Una, el panorama que ven los ojos del Ejecutivo; otra, la realidad que experimenta en carne propia el empresariado.

Opinión

Control de fondos públicos

Jorge Castillo / Politólogo

lunes 20, noviembre 2017 • 12:00 am

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La semana pasada se llevó a cabo el XVII Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), que el empresariado salvadoreño viene realizando desde 1999. Sobresalieron dos visiones marcadamente diferentes. Una, el panorama que ven los ojos del Ejecutivo; otra, la realidad que experimenta en carne propia el empresariado.

Para el gobierno todo es optimismo, la economía atraviesa “un buen momento” y el país marcha de lo lindo. Para el sector productivo, el panorama  del país refleja una de las crisis más graves de su historia. Son visiones antagónicas, casi irreconciliables, reflejo de las agrias posturas de una izquierda que,  desde el 2009, controla políticamente casi todas las instituciones públicas en función de llevar al país hacia un “socialismo” que nadie comprende, ni aún bajo el lente de la “revolución democrática” que hoy en día solo manejan sus románticos y perfumados intelectuales orgánicos.

El sector privado está bien claro: piensa que el Estado le ha fallado a los salvadoreños y que su régimen político debe mejorarse sustancialmente. De ahí que, el documento oficial del ENADE contenga un capítulo cinco muy aleccionador, al plantear la necesidad que cuatro entidades fundamentales para el fortalecimiento de la democracia actúen con independencia. Clarísimo mensaje para  la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Fiscalía General (FGR) y la Corte de Cuentas (CCR).

Sobre esta última institución, el señalamiento se mantiene invariable respecto al estudio “Las Instituciones Democráticas en El Salvador”, que hace 12 años efectuó la Universidad de Salamanca y que en su capítulo siete le señalaba falta de independencia, politización y una excesiva discrecionalidad, proponiendo al mismo tiempo ideas para su fortalecimiento.

En este XVII ENADE el razonamiento sigue siendo fuerte: 1º) La labor que desempeña la CCR no es efectiva ni independiente. 2º) Prevalece el uso discrecional de la información. 3º) El esquema actual no cuenta con incentivos suficientes para que los sujetos fiscalizados cumplan la ley y eviten cometer infracciones. 4º) Hay casos en que utiliza la información para coaccionar a funcionarios electos por voto popular para que cambien su militancia partidaria. 5º) Los funcionarios probos y honestos lo hacen por convicción propia, no como consecuencia de los desincentivos legales que tendría un comportamiento anómalo.

Por tanto, para el empresariado la fiscalización que ejecuta la CCR debe ser realizada conforme a criterios de legalidad, eficiencia y transparencia, lo que exige máxima independencia para que su misión constitucional, legal, misional y ética sea efectiva, especialmente, frente al Órgano Ejecutivo donde está la mayoría de instituciones que utilizan recursos públicos.


ENADE señala que debe existir independencia e idoneidad en los funcionarios que integran el Organismo de Dirección, especialmente  al ser postulados y electos, en razón de que su cualificación profesional como magistrados definirá la confianza ciudadana.

ENADE recuerda que la jurisprudencia constitucional ha establecido que los funcionarios de la CCR deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y no tener afiliación partidaria, material o formal, ya que la misma ley de la CCR señala que la independencia institucional se fundamenta en su carácter técnico y que, por tanto, sus actuaciones deben ser independientes de cualquier interés particular.

En relación con la CCR, ENADE propone: Separar la función de fiscalización que realiza por medio de la auditoría gubernamental, de la labor puramente jurisdiccional. Crear una Contraloría General para ejecutar los procesos administrativos que le competen. Que dicha Contraloría se mantenga en constante  modernización, incorporando tecnología de punta y las mejores prácticas internacionales para lograr los objetivos de gestión.Que la Contraloría sea dirigida por un Contralor y un Sub Contralor General, cuyo nombramiento sea por mayoría calificada para un período de nueve años, sin derecho a reelección y transformar la CCR en un organismo colegiado, cuyo giro de actividades se circunscriban estrictamente al Juicio de Cuentas.  El que tiene ojos para leer que lea y le ponga acción a las palabras.