Pidiendo disculpas a los pacientes lectores de Diario El Mundo por seguir con este tema, pienso que va siendo oportuno reflexionar ahora sobre la insistencia retórica —que no científica ni técnico-jurídica— que las entidades demandantes han exhibido en sus alegatos contra el Estado salvadoreño en el proceso de “Manuela”, mismo que se ventila ante la Corte IDH. Y digo que el tema es oportuno porque ilustra muy bien las maniobras que algunas organizaciones utilizan para mezclar “contextos” con casos concretos —saltando de la casuística a la generalización y viceversa—, en un afán por sorprender a la judicatura internacional.

Opinión

Contextos que son pretextos Mal haría un tribunal en pronunciarse sobre la pertinencia o no de una legislación que ni siquiera fue aplicada en el caso concreto que ha sido elevado a su conocimiento.

Federico Hernández Aguilar / Escritor

lunes 29, marzo 2021 • 12:00 am

Compartir

Pidiendo disculpas a los pacientes lectores de Diario El Mundo por seguir con este tema, pienso que va siendo oportuno reflexionar ahora sobre la insistencia retórica —que no científica ni técnico-jurídica— que las entidades demandantes han exhibido en sus alegatos contra el Estado salvadoreño en el proceso de “Manuela”, mismo que se ventila ante la Corte IDH. Y digo que el tema es oportuno porque ilustra muy bien las maniobras que algunas organizaciones utilizan para mezclar “contextos” con casos concretos —saltando de la casuística a la generalización y viceversa—, en un afán por sorprender a la judicatura internacional.

Seguí con mucha atención las cerca de diez horas que llevó al tribunal escuchar a ambas partes, y pude notar la dificultad que varios de los honorables jueces estaban teniendo para comprender por qué la obstinación de la defensa de “Manuela” en el contexto sociológico del caso.

Particularmente el juez Eduardo Vio Grossi, en su interrogatorio a la perito Laura Clérico, que estaba allí para hacer aportes en materia legal, le planteó con razón que la narrativa presentada por ella, si bien interesante, llevaba una carga sociológica tan grande, que en muchas formas implicaba la transformación de un juez en legislador, en ejecutivo, en político, en promotor de derechos, incluso en alguien —esas fueron sus palabras— “que remplaza a todas las autoridades”, y no en lo que debe ser en primerísimo lugar: un riguroso y honesto aplicador de la normativa, de la ley.

En este sentido, alguien puede hacer muchas lucubraciones sobre las razones que hacen a una norma reñir con determinados de rechos, pero los jueces no pueden ejercer su función privilegiando esos criterios —que además, en el caso de marcos sociológicos, son harto subjetivos—, sino en una confrontación de la evidencia disponible con la legalidad vigente.

Los alegatos orales del Estado, a cargo de la Dra. Elizabeth Cubías, hicieron énfasis en el “giro inadecuado” que las organizaciones demandantes estaban dando al caso, entre otras cosas porque el señalamiento contra El Salvador ha sido tan grave —la ejecución de políticas estatales discriminatorias que determinan injusticias o muertes de mujeres, ni más ni menos—, que las pruebas mínimas exigibles para demostrarlo deben incluir “fuertes, claras y coherentes inferencias, así como irrefutables presunciones de hecho que acrediten los patrones”.

Para demostrar estos patrones de conducta estatal, ¿basta el testimonio de un médico con 15 años de experiencia o se requiere bastante más que eso? ¿Será suficiente que la Comisión Interamericana asegure, en abstracto, que las mujeres salvadoreñas que pueden pagarse un hospital no suelen víctimas de ninguna punibilidad, o con la debida seriedad tendrían que presentar datos que prueben lo que afirman? ¿Será que solo porque el examen hidrostático está cuestionado en el ámbito forense hemos de concluir que la suma de varias docimasias —pulmonar óptica, pulmonar histológica, gastrointestinal, siálica, auricular, etc.— no constituye prueba suficiente para demostrar que un bebé nació, respiró y falleció?


A preguntas muy puntuales de los jueces Sierra Porto, Pérez Manrique y Vio Grossi, los representantes de “Manuela” recurrieron siempre a los circunloquios y las evasivas. Todo para no reconocer, claramente, que la mamá de Dolores Gabriel no fue procesada ni condenada por el delito de aborto, y que la relación periférica de ese tema con su drama personal, por mucho que insistan en ello, no está en manos de estos honorables jueces. En otras palabras, mal haría un tribunal en pronunciarse sobre la pertinencia o no de una legislación que ni siquiera fue aplicada en el caso concreto que ha sido elevado a su conocimiento.