En la historia reciente del país, se cuenta con tres expresidentes procesados por delitos graves relacionados con corrupción y varios ex funcionarios de alto rango también procesados por delitos de la misma naturaleza, entre ellos un exfiscal general de la República y un ex ministro de Seguridad que también fungió como ministro de Defensa, además de una larga lista de exdiputados y exalcaldes.

Opinión

¿Contamos con una CICIES en el país?

Celia Medrano / Periodista

jueves 13, agosto 2020 • 12:00 am

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En la historia reciente del país, se cuenta con tres expresidentes procesados por delitos graves relacionados con corrupción y varios ex funcionarios de alto rango también procesados por delitos de la misma naturaleza, entre ellos un exfiscal general de la República y un ex ministro de Seguridad que también fungió como ministro de Defensa, además de una larga lista de exdiputados y exalcaldes.

Una de las principales promesas de campaña que el actual presidente hizo fue la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción a semejanza de su más próximo referente, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG. Es indiscutible el poder de seducción que esta promesa tuvo en un electorado cansado de prácticas corruptas anteriores protagonizadas por varios funcionarios, independientemente de su sesgo político partidario o ideológico. La corrupción y los poderes facticos que la sustentan no hacen esas distinciones. Corruptos y corruptores los ha habido y los hay en todas partes.

Sin embargo, lo que tenemos ahora es una comisión presidencial respaldada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos cuyos financiamiento y operaciones no se ha manejado de manera transparente y cuyos auditores, al menos en parte, han sido contratados por el mismo gobierno con fondos públicos. La CICIG y la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), operaron con independencia y fondos de la cooperación internacional, fueron instancias que contaron con convenios ratificados por los poderes legislativos y con estructuras creadas en los ministerios públicos para la investigación y activación de acción judicial de manera conjunta. En realidad, no hay una CICIES en El Salvador, aunque desde el discurso oficial se abandere a esta instancia con ese nombre.

Transcurrido su primer año de gobierno, el presidente enfrenta denuncias contra al menos seis de sus funcionarios señalados por uso irregular de fondos públicos, tráfico de influencias y nepotismo cruzado de las cuales la fiscalía General de la República ha anunciado que se han iniciado investigaciones. Lejos de poner a disposición de la FGR a sus funcionarios involucrados en estos hechos, conforme había asegurado que lo haría, el Presidente no se ha pronunciado en la mayoría de estos casos, en particular al que involucra a su comisionada presidencial, sobre la cual ha trascendido que sus hermanos han sido contratados en cargos públicos y una hermana ha sido favorecida con el otorgamiento de un préstamo en Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), decisión tomada aún en contra un dictamen de su Comité de Créditos al detectar conflicto de intereses.

En medio de estas denuncias, a las que van sumándose cada semana nuevos hechos, la pregunta es si realmente la CICIES del presidente Bukele es la instancia competente para investigar con independencia e imparcialidad a los propios funcionarios del gobierno que la controla. En el actual periodo electoral, podría esperarse que en función de salir al paso de tanta denuncia y acorde sus estrategias publicitarias, podría anunciarse desde el Ejecutivo algún hecho relevante, pero guardando las salvaguardas suficientes para garantizar impunidad a quienes resultasen involucrados y se encuentren en los círculos cercanos a los grupos que gobiernan actualmente.

Es claro que el objetivo de estos grupos es lograr ganar mayoría en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones. Cualquier situación o tema los aparatos oficiales buscan capitalizarlo en recaudo electoral, aunque ello implique dañar a las instituciones y a los sectores que supuestamente defienden y aún a costa de muchos que les dieron su voto en las elecciones anteriores. El gobierno ha utilizado recursos estatales para proselitismo y catapultado a sus funcionarios desde puestos públicos hacia las más importantes candidaturas a diputaciones, lo que también, aunque no es ilegal, definitivamente no es ético y es también indicio de viejas prácticas que desnaturalizan y corrompen el quehacer político.


De lograr la mayoría en la Asamblea Legislativa, los sectores que controlan el Ejecutivo contarán también con el poder de nombrar o condicionar actores claves como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, el ombudsman, Procuraduría General de la República y Fiscal General de la República, entre otros. De pasar eso, la ya débil institucionalidad responsable de actuar contra la corrupción simplemente seguirá siendo parte de estos viejos vicios, solo que desde supuestas nuevas plataformas y escenarios.