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Congresistas de EEUU piden romper Tratado de Libre Comercio con Nicaragua La iniciativa fue presentada por 18 congresistas demócratas y republicanos, en respuesta a las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega.

Gabriela Villarroel

viernes 18, junio 2021 • 10:16 am

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Un grupo de congresistas estadounidenses solicitó al Departamento de Comercio de EEUU que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por su sigla en inglés).

La iniciativa de ley fue presentada por María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, y el demócrata Tom Malinowski, de Nueva Jersey. Fue respaldada por 18 congresistas, que impulsan esta medida como respuesta a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, y sus ataques contra opositores.

En las últimas dos semanas, el Ministerio Público de Nicaragua ordenó la captura de cuatro aspirantes a la presidencia, tres disidentes del Frente Sandinista, activistas y un empresario del sector financiero, sumando una docena de detenidos a los casi 300 presos políticos en ese país.

Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión (...) Los matones de Ortega están encarcelando a los opositores políticos y silenciando violentamente las voces disidentes. Presenté la Ley Revisión del Libre Comercio de Nicaragua porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho". María Elvira Salazar, congresista de EE.UU.

El TLC entre Estados Unidos y Centroamérica establece que, para que un país forme parte del acuerdo, debe cumplir con requerimientos como garantizar un "ambiente legal" para los negocios, mantener una sana competencia, proteger los derechos de propiedad intelecutal y promover "la transparencia y el Estado de Derecho".


Este último punto fue retomado por los congresistas. "Ortega se ha embarcado en una violenta represión contra la democracia y encarceló a los candidatos de oposición que se postulan para presidente. Está desmantelando las instituciones democrráticas, socavando activamente los intereses de Estados Unidos y violando los derechos del pueblo nicaragüense", señala la iniciativa.

Debemos demostrarle al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores”. María Elvira Salazar, congresista de EE.UU.

Asimismo, el congresista demócrata Tom Malinowski justificó su apoyo diciendo que no hay razones por las que Estados Unidos deba recompensar a un régimen con acceso preferencial a su mercado.

Me entristece el agresivo desmantelamiento de Ortega de la frágil democracia de Nicaragua y las libertades por las que el pueblo nicaragüense tanto ha luchado. Le pido que revierta inmediatamente estas acciones y respete las leyes y la constitución de Nicaragua. Al mismo tiempo, no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense”. Tom Malinowski, congresista de EE.UU.

La suspensión del Cafta se sumaría así a las numerosas sanciones estadounidenses levantadas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018, durante las crudas protestas que dejaron cientos de muertes en Nicaragua.

Entre los sancionados por Washington están Camila Ortega Murillo, representante de la Comisión Económica Creativa e hija de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo;L Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua.

El Departamento del Tesoro justificó esas sanciones afirmando que estas personas apoyan a “un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha tratado de silenciar a los medios de comunicación independientes”.

El régimen de Ortega calificó estas sanciones de “injerencistas y arbitrarias”, desatando además una redada en contra de todos los opositores que "celebraron" la injerencia de los Estados Unidos.

Además, la ruptura del acuerdo sería un duro golpe para la economía nicaragüense: según datos oficiales del Departamento de Comercio, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos han aumentado un 70 % desde la entrada en vigor del acuerdo, el 1 de abril de 2006.