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Política

¿Cómo eliminar las plazas fantasmas? Esto dice el sindicato de la Asamblea El sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa asegura que la eliminación de plazas fantasmas debe ser una "decisión política" de la nueva legislatura. Llama a nuevos diputados a limitar sus contrataciones.

Gabriela Villarroel

martes 16, marzo 2021 • 10:03 am

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El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, aseguró que la eliminación del fenómeno de plazas fantasma en el congreso no depende de una regulación legal, si no de una "decisión política" que está en manos de la legislatura entrante.

En la entrevista matutina Repúlica 33, Ortega aseguró que la reciente polémica por las plazas fantasmas; es decir, personal que está contratado sin trabajar en la Asamblea Legislativa, es en realidad un problema "histórico" que "siempre han denunciado", incluso ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), y durante la administración del expresidente legislativo, Norman Quijano.

Quijano aseguró este lunes que logró hacer recortes de plazas durante su mandato en la Asamblea; sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo le ordenó hacer reinstalos por haber vulnerado los derechos de los trabajadores.

Entonces, ¿qué se necesita para interrumpir los abusos en las contrataciones? Según Ortega, lo principal es una "solución política".

La situación concreta en la Asamblea lo que requiere es una decisión clara y política de este problema histórico. La situación discrecional en la que se le da al diputado el dinero para contratar las plazas, eso es lo que da la oportunidad de que siga contratándose. Los nuevos diputados electos deberían de inmediato llevar uno o dos asesores pero retomar al personal que ya está ahí: al motorista, la ordenanza, el secretario. Esa es la única forma como se podría cortar esta situación viciosa que colinda con la corrupción". Luis Ortega, secretario general de Sitral.

Ortega indicó la semana pasada que hay más de 1,200 "plazas fantasmas" en la Asamblea Legislativa. Al ser cuestionado sobre cómo han constatado que estas personas no se presentan a trabajar al congreso o no laboran de forma remota; el sindicalista dijo que estimaron ese número con base en el número de afiliados a su sindicato y el sistema de marcación.

En todas las oficinas de la Asamblea están organizados hasta los jefes. Lo que falta, es una segunda parte: Hay entre 1,000 a 1,200 plazas fantasmas. Tenemos el conocimiento exacto de la gente que trabaja en la Asamblea. ¿Por qué decimos que no están? Hemos ido a la oficina, hemos preguntado por estas personas, y nadie contesta dónde están. Por lo tanto, hay que analizar qué es lo que pasa con ese personal". Luis Ortega, secretario general Sitral. 

Según datos del Sitral, más de 2,400 personas laboran actualmente en la Asamblea Legislativa. De estas, unas 1,078 plazas están adscritas a fracciones políticas y 1,222 plazas en área institucional. 

¿Y la ley de Función Pública?

Antonio Morales Carbonell, miembro del Equipo Impulsor de la Función Pública, aseguró que la contratación de plazas fantasma en la Asamblea Legislativa es solo un síntoma de una enfermedad mayor, que se extiende en todas las ramas del Estado. El único tratamiento factible, dijo, es una ley que regule la función pública; es decir, a los trabajadores del Gobierno.

En 2018, la cooperación española elaboró un estudio diagnóstico en la Asamblea Legislativa, en el que se reveló que desde hace décadas se dejó de hacer contrataciones planificadas de acuerdo a necesidades reales, y se ha "forzado la contratación de simpatizantes y parientes". 

El problema de las plazas fantasma es histórico, y es más impresionante ver acá que se está constatando una realidad pero hay una inoperancia de las entidades que deberían regular el servicio público". Antonio Carbonell, miembro del Equipo Impulsor a la Función Pública. 

La mayor deuda del Estado para regular estos abusos, indicó Carbonell, es la creación de una entidad que regule las contrataciones del Estado, que en 2006 crecían a un ritmo de 2,500 por año. Solo en 2021, según el Presupuesto General de la Nación, se crearon más de 9,000 plazas nuevas, y la mayor parte está en el Gobierno central. "Eso es sencillamente insostenible", apuntó el experto. 

Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea se opone a la aprobación de una ley que regule la Función Pública, por considerar que transgrede los derechos de los trabajadores. 

Ya existe una perfecta ley que nos ha garantizado defender los derechos de los trabajadores. No estoy de acuerdo con proyectos fracasados, que han sido aprobados por ejemplo en Brasil, donde se despidieron millones de trabajadores". Luis Ortega, secretario general Sitral.

A la fecha, ningún partido político ha mostrado un apoyo decisivo en aprobar una ley de la función pública, dijo Carbonell. De parte del Ejecutivo, que mostró voluntad de avanzar en ese tema a finales de 2019, las reuniones terminaron sin frutos.

Se requiere voluntad política y la Asamblea podría dar pasos signficativos, o podría quedarse en los mismos ataques de siempre, en los que unos critican a otros pero nadie hace nada por cambiarlo". Antonio Morales Carbonell, miembro del equipo Impulsor de la Ley de Función Pública.