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¿Cómo dos exministros de la Defensa y una empresa de armas defraudaron al Estado? Esto dice la fiscalía

Iliana Cornejo

lunes 17, agosto 2020 • 2:46 pm

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La Fiscalía General de la República explicó los delitos y el actuar de dos exministros de la Defensa Nacional, que según sus investigaciones, propiciaron una defraudación al Estado por más de $2 millones, al permitir que la empresa Centrum S.A. de C.V., tomara armamento -una parte en buen estado- y a cambio entregara armamento viejo.

Los acusados son los exministros de la Defensa David Munguía Payés y Atilio Benítez; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero, el representante legal de Centrum S.A. de C.V., Carlos Gustavo Roberto López Davidson y el gerente de la misma empresa de armas, Héctor Abel Herrera Mejía. Cinco de los seis fueron capturados el pasado viernes en la tarde.

Según los fiscales, todo inició en 2011, cuando el Ministerio de la Defensa era dirigido por el general en retiro -y ahora también procesado por la Tregua con Pandillas- David Munguía Payés, cuando él pidió una revisión de armas obsoletas para hacer una permuta tipo subasta.

La fiscalía dice que cuando el proceso fue convocado, atendieron seis empresas: Centrum S.A. de C.V., Eagle Ordnance, LLC; SAMCO GLOBAL ARMAS INC; Century International Arms; Pw Armas, INC y Inter Ordnance, de las cuales, en cinco aparecía como representante legal, el señor Héctor Abel Herrera.


Al final, Herrera se queda solo como representante de la empresa Centrum y ese cambió fue informado al general Atilio Benítez; los fiscales dicen que descubrieron que al resto de las empresas se nombró nuevos representantes y estos eran empleados de la misma Centrum.

Finalmente, bajo la administración de Benítez se adjudica la permuta a las empreas Eagle Ordnance LLC y a Centrum S.A. de C.V. por más de $2 millones, pero luego el mismo Herrera notificó al Ministerio de la Defensa que la empresa Eagle no seguiría en el proceso por tener problemas en Estados Unidos, y que la empresa que él representaba asumiría la permuta.

Según la fiscalía en ese momento el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Rafael Melara, advirtió que debía convocarse a un nuevo proceso, pero Benítez omitió la advertencia.

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El otro "acto criminal" que fue detectado por la fiscalía es que cuando regresa al ministerio, el general David Munguía Payés modifica el contrato. El Ministerio Público señala que el contrato original establece que Centrum debía entregar dos obuses nuevos a cambio de las 14,000 armas que se entregarían, pero la empresa entregó dos obuses "repotenciados", es decir reconstruidos.

"Estos son los famosos obuses repotenciados si ven esa parte, ven que es un obús reconstruido, ni siquiera restaurado, tienen hasta la serie aparentemente alterada, por lo tanto, que si estábamos hablando que se iba a recibir algo nuevo y luego se cambia a lo repotenciado, no puede ser porque el objeto principal del contrato, no se puede cambiar de acuerdo de la Lacap", explicó uno de los fiscales en conferencia de prensa.

El siguiente acto criminal de Munguía Payés, según la fiscalía, es que modificó las garantías de la recepción del armamento que originalmente era de 36 mese a 24, cuando la fecha de entrega de las armas eran los mismos 24 meses.

"Cómo es posible que un contrato va a durar 24 meses y la garantía va a durar lo mismo, si la idea es que el Estado no pierda, si la idea es que media vez se reciba esto haya una garantía que eso efectivamente funciona, entonces se quita la garantía al Estado dejándolo desprotegido", objetó un fiscal.

En el caso del coronel Manuel de Jesús Romero tenía a cargo recibir los obuses y revisar que Centrum entregara todo lo acordado en el contrato y no lo hizo.

Según la fiscalía, se configura el delito de falsedad documental para el general Rafael Melara porque hizo dos documentos con la misma fecha y mismo fin, pero en uno no recomendaba aceptar los obuses y en el otro sí, este último documento, luego que Munguía Payés ordenara un nuevo documento.

Respecto al empresario, Carlos Gustavo Roberto López Davidson, la fiscalía sostiene que su participación en el delito de peculado es como cómplice, porque el representante de su compañía Centrum, Héctor Herrera, actuaba en nombre de él.

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