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Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la obstrucción a los archivos militares

Iliana Cornejo

martes 22, septiembre 2020 • 4:20 pm

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A través de la cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la obstrucción que el Ministerio de la Defensa protagonizó al juez Jorge Guzmán, ayer, en la inspección de archivos militares por la investigación de la masacre de El Mozote.

La CIDH recuerda que El Salvador ha sido ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a adoptar medias para garantizar el acceso a los archivos militares útiles a la investigación de violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto armado con el fin de asegurar el acceso a la justicia y derecho a la verdad". CIDH

La Comisión exhortó al Estado salvadoreño a cumplir con las decisiones judiciales e investigar la negativa para cumplir la orden de acceder a los archivos militares. 

Ayer, la Fuerza Armada negó la entrada a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto a las autoridades que ayer se proponían iniciar el proceso de inspección de los expedientes que se relacionan  a la masacre El Mozote en Morazán, en el que mil personas murieron a manos del Ejército en 1981.

También, el presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), Geoff Thale, dijo que el ministerio de la Defensa debe cumplir con las decisiones relacionadas al caso de El Mozote. 


Los amigos de El Salvador que apoyan el Estado de derecho y la búsqueda de justicia de las familias, incluyendo a los Estados Unidos, deben instar al Ministerio de Defensa a que cumpla de inmediato con las órdenes judiciales en el caso de El Mozote. La emergencia de salud pública por la pandemia no debe utilizarse para justificar acciones que permitan a las Fuerzas Armadas desafiar a los tribunales". Geoff Thale, presidente de WOLA.

¿Cómo un coronel impidió la inspección de archivos militares?

El juez Guzmán reportó su llegada a un teniente y luego apareció en la pluma que divide la calle El Manguito, el coronel Carlos Evert Vanegas García, director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional.

Aquí parte de la conversación entre ambos:

Juez Guzmán: “No sé si le informaron, nosotros venimos a una diligencia judicial, que se programó el 7 de este mes, sobre inspeccionar los archivos militares, investigando siempre la masacre de El Mozote y sitios aledaños, entonces se programó ya este día para dar inicio a esas inspecciones, comenzando por archivos del Estado Mayor Conjunto, así que ese es el objetivo de la presencia nuestra. Supongo y así tendría que ser, que ya se informó porque el señor Presidente y el señor ministro ya están notificados (...)”.

Coronel Vanegas: “Hacer de su conocimiento que en la Constitución de la República, en el artículo 168, ordinal séptimo hay una prohibición expresa de la revelación de los planes secretos, esa prohibición se extiende para los órganos del Estado incluso, entonces no se va a permitir el ingreso a los archivos”.

Ante la negativa del coronel Vanegas, el juez explicó que la reserva de los planes militares no es válida, porque el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública la quita cuando se investigan delitos de lesa humanidad.

El juez añadió que no existe explicación a negar acceso a archivos de hace 40 años. “Deme un tan solo ejemplo en el cual se puede ver perjudicada la seguridad nacional si se dan a conocer esos planes”, cuestionó el juez Guzmán al coronel Vanegas.

Previamente, el juzgador explicó al militar que la diligencia se trataba de una orden judicial y no se permitían alegatos.

El coronel Vanegas también se negó a revelar quién dió la orden de impedir el acceso.

El juez Guzmán levantó un acta para dejar constancia del obstáculo en la inspección de archivos militares e hizo conciencia al coronel Vanegas que el incumplimiento de una orden judicial trae consecuencias.

David Morales, acusador particular por Cristosal, una ONGs pro derechos humanos, expresó que la negativa de Defensa  conllevaría a que se les requiera judicialmente por los delitos: actos arbitarios, incumplimiento de deberes y desobediencia al cumplimiento de una orden judicial. Fiscalía dijo que esperará la certificación del juez.