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Política

Coinciden en foro que el 9F no debe repetirse en El Salvador Miembros de la Fuerza Armada, UMO y PNC ocuparon el Salón Azul de la Asamblea Legislativa después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llamara a la insurrección y no lograra convocar a todos los diputados a una plenaria para que aprobaran un préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial.

Óscar Romero

martes 9, febrero 2021 • 2:14 pm

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Abogados representantes de organizaciones se pronunciaron hoy tras cumplirse un año de que el presidente de la República, Nayib Bukele, ingresara con militares a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, coinciden en que hechos similares no deben repetirse en El Salvador.

Las declaraciones de los representantes fueron brindadas a través de un vídeo publicado en la cuenta de de Facebook de ANEP, el cual fue titulado #9FNuncaMás.

El director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Vivanco, señaló que, en toda América Latina, una de "las más graves amenazas" contra el orden democrático se dio cuando Bukele "decidió invadir la Asamblea Legislativa acompañado de militares con armas largas, un hecho insólito, sin precedentes en la historia reciente de la región".

Vivanco expresó que Bukele pudo realizar esa "operación militar con un grado de cierta impunidad porque contaba con el apoyo de Trump, esas condiciones han cambiado radicalmente".

No contara hoy en día con la anuencia de la comunidad internacional si intentara un acto de matonaje similar". José Miguel Vivanco, director HRW.

Sostuvo que "gracias a este escandaloso acontecimiento la opinión pública mundial se hizo una imagen más fidedigna de la actitud y de los valores despóticos con los que gobierna el actual jefe de Estado de El Salvador".


 

Retroceso

Para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, "ese día nuestra democracia retrocedió 40 años, cuando los golpes de Estado todavía eran frecuentes, pasará a la historia como el día en que el presidente con sus berrinches intentó destruir nuestra democracia y convertirse en emperador como le diera la gana".

El sector privado representado en ANEP, hemos sido los primeros en advertir las amenazas e implicaciones que los abusos de autoridad que el presidente nos traería para el país, para nuestra economía y para el bienestar de todos los salvadoreños". Javier Simán, presidente de ANEP.

 

Un punto de partida

Por su parte, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC), Rodolfo González, señaló que lo acontecido ese día en la Asamblea Legislativa fue "el primer ejercicio de autoritarismo del actual Ejecutivo".

Fue el punto de partida para una serie de actos autoritarios que se realizaron durante todo el año 2020, en el manejo de la pandemia, en el manejo de los fondos públicos, la deuda pública y el incumplimiento de fallos judiciales de la máxima instancia judicial del país". Rodolfo González, presidente del IIDC.

El abogado sostiene que el país requerirá "apoyo de parte de países amigos para vigilar que la democracia no termine de mala manera".

 

No ve proyecto político

En la opinión de Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el proyecto de Bukele "no es un proyecto político, sino que es un proyecto de concentración de poder"

Fue una toma militar de la Asamblea Legislativa, es decir un proyecto de concentración de poder donde la democracia le es incómoda donde las otras instituciones que pueden hacerle un contrapeso le incomodan; esto se hace a través de la fuerza, usando la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, rompiendo así definitivamente con aquellos Acuerdos de Paz que produjeron un cambio en nuestras instituciones". Roberto Rubio, director de Funde.

 

Hubo presiones

Para la abogada y demandante del proceso inconstitucionalidad sobre el 9F, Ruth López, es importante visualizar el antes, durante y después de ese día, ya que "días antes del 9F hubo visitas nocturnas a los legisladores para presionarlos".

Creo que aunque tengamos diferencias con la Asamblea, con su funcionamiento, sus diputados, eso no justifica la imposición de actuaciones de ese tipo". Ruth López, abogada.

Instó a la población "ser garantes que estos hechos no pueden volver a pasar, y en ellos la comunidad jurídica tiene mucha responsabilidad, tiene mucho por hacer", dijo.

 

Siguen viendo "señales"

El abogado de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) José Marinero sostiene que las credenciales democráticas del gobierno "siguen desapareciendo" y que las señales son visibles.

Resistencia a los controles interorgánicos, incumplimiento de leyes y sentencias, opacidad y feroz resistencia a la rendición de cuenta en la gestión pública, desprecio por el diálogo democrático y los Acuerdos de Paz, ataques a la prensa independiente, a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y militarización de la función pública". José Marinero, director de DTJ.

Añadió que el gobierno no puede pedir "que creamos ingenuamente en su reforma constitucional" y que el 9F es un recordatorio de "que la amenaza autoritaria no ha cesado".

El 9 de febrero de 2020, miembros de la Fuerza Armada, agentes del Mantenimiento del Orden (UMO) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocuparon el Salón Azul del Órgano Legislativo salvadoreño, después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llamara a la insurrección al no lograr convocar a los diputados a plenaria extraordinaria para que le aprobaran un préstamo.