A exactamente un año de la deplorable resolución de dos magistrados de cámara por medio de la cual decidieron que la agresión sexual perpetrada por un hombre, en una niña muy pequeñita, no constituía delito sino un hecho menos grave, calificado como “falta” por el derecho penal, algo ha cambiado, pero no lo suficiente.

Opinión

Cincuenta y tres por ciento

Lilliam Arrieta de Carsana / Abogada @arrieta_lili

miércoles 25, noviembre 2020 • 12:00 am

Compartir

A exactamente un año de la deplorable resolución de dos magistrados de cámara por medio de la cual decidieron que la agresión sexual perpetrada por un hombre, en una niña muy pequeñita, no constituía delito sino un hecho menos grave, calificado como “falta” por el derecho penal, algo ha cambiado, pero no lo suficiente.

En esa oportunidad “ardió Troya” en la opinión pública y las colectivas feministas y otros grupos salieron a las calles a protestar.  El caso aún no ha concluido, pero esa decisión es una muestra de muchos argumentos que están mal en nuestra sociedad, causados parcialmente por la falta de representación y de participación de las mujeres en posiciones desde las cuales se toman las decisiones relacionadas con los temas que más afectan precisamente a las mujeres.  Debería parecer obvio para todos que la sensibilidad de las personas de sexo femenino sobre los hechos y violencias relacionados con el cuerpo de la mujer o con la participación y con la representación de la mujer se abordan con un enfoque y una vivencia muy diferente entre hombres y mujeres.

El caso del magistrado es solo un ejemplo. Hombres decidiendo sobre hechos ocurridos a una niña, minimizando la gravedad de lo ocurrido ¿debido a un sesgo invisible o a la falta de empatía? ¿Habría existido una decisión distinta si hubieran sido juezas? Es difícil saber, pero las numerosas conversaciones que tuve en esos días con varios hombres, me permiten afirmar que la sensibilidad sobre la violencia en contra de la mujer y sobre los temas que preocupan a las mujeres, es muy distinta entre unos y otras.

La experiencia de cada sexo es muy distinta. Los miedos que nos acechan, las injusticias que sufrimos, los retos que tenemos que superar para salir adelante, no son los mismos para los hombres que para las mujeres.  A pesar de los movimientos #MeToo #YoTeCreo #NoTodos #HeForShe #Planeta50/50, todavía estamos muy lejos de que las mujeres alcancemos la presencia que nos corresponde en la toma de decisiones.

En los ejemplos más extremos de desigualdad, discriminación o violencias institucionalizadas, podemos mencionar que todavía hay países donde mutilan nuestros cuerpos, nos matan en el vientre porque el padre y la madre querían un varón, nos casan sin nuestro consentimiento y en edades obscenas, nos obligan a taparnos para salir a la calle o simplemente no nos dejan salir libremente si no vamos acompañadas de uno de los hombres de la familia. Entre los ejemplos más cercanos y a pesar de que en varios países somos más del 50% de la población –como en El Salvador donde somos 53%– las mujeres no ocupamos, ni por cerca, el 50% de los cargos en los que se toman las decisiones.

Es un tema de justicia, de paridad, de representación, de participación, pero aun así, su simple mención es motivo de burla e incomprensión entre algunas personas; por ejemplo, que en El Salvador los jueces sigan dejando libres a los violadores o que hayamos tenido solo hombres como presidentes de la República o que la Corte Suprema de Justicia haya estado históricamente integrada exclusivamente por hombres, no ha sido, ni es motivo de indignación para una gran mayoría; pero si pedimos una Corte compuesta por 15 mujeres, nos tildarían de extremas o absurdas.


Que el 53% de la población no tenga la vocería que le corresponde es injusto y además genera un efecto perverso, ya que perpetúa el ciclo de invisibilidad de los temas que interesan y afectan al 53%. La falta de mujeres en centros de decisión resulta en la relegación a un segundo plano de los temas que afectan nuestros cuerpos, nuestra seguridad, nuestras oportunidades, nuestros desafíos.  Los temas que conciernen al 53% no tienen la prioridad que deberían en las agendas de trabajo del Órgano Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, porque no hay suficientes voces que exijan su inclusión. Establecer cuotas por ley no debería ser necesario y, en todo caso, por un tema de representatividad numérica y justicia, no deberían ser inferiores al 53%.  Si las cuotas fueran justas y la representación fuera realmente proporcional, debería haber más diputadas que diputados, más juezas que jueces, más ministras que ministros y una mujer presidenta.