La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el jueves, medidas cautelares a favor de 34 miembros del periódico digital El Faro, en El Salvador, porque consideran se encuentran en riesgo de daño irreparable de sus derechos, a raíz de amenazas recibidas por sus labores periodísticas.

Política

CIDH pide al Estado proteger la vida de miembros de El Faro La medida cautelar busca proteger a 34 personas del medio que realiza investigaciones periodísticas.

Yolanda Magaña

viernes 5, febrero 2021 • 4:45 am

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el jueves, medidas cautelares a favor de 34 miembros del periódico digital El Faro, en El Salvador, porque consideran se encuentran en riesgo de daño irreparable de sus derechos, a raíz de amenazas recibidas por sus labores periodísticas.

La CIDH consideró que el caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las 34 personas beneficiarias.

La CIDH también le dice al Estado de El Salvador que debe adoptar medidas para que ellos puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión sin ser objeto de intimidación, amenazas y hostigamientos.

Así mismo, el Estado de El Salvador debe concertar medidas con las personas beneficiarias y sus representantes; e informar sobre las acciones para investigar los hechos denunciados por El Faro.

Los solicitantes informaron sobre mensajes con amenazas de agresión o de muerte a través de redes sociales de terceras personas, mensajes descalificativos, publicación de datos familiares, seguimiento en las oficinas de El Faro, seguimiento a periodista, grabación de video en casa de un periodista. También informaron sobre una auditoría a la contabilidad de El Faro por parte del Ministerio de Hacienda, señalando que se trata de una acción de hostigamiento por su labor periodística.

La CIDH recordó que en una resolución anterior han concluido que, bajo determinados contextos, las publicaciones amedrentadoras en redes sociales y las declaraciones públicas de funcionarios llamando al descrédito puede poner en grave riesgo la vida o la integridad personal de estas personas.


La resolución fue adoptada por el presidente de la CIDH, Joel Hernández García; la primera vicepresidenta, Antonia Urrejola Noguera; la segunda vicepresidenta, Flávia Piovesan; y los integrantes Esmeralda de Troitiño, Edgar Ralón y Julissa Mantilla Falcón.

 

Qué dijo el Estado.

De acuerdo a la resolución de la CIDH, el Estado salvadoreño dijo que no es posible identificar un peligro inminente contra la seguridad o la integridad personal.

Argumentó que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y que los periodistas deben dar información precisa y confiable. También, señaló que Hacienda tiene facultad de fiscalización y que esta recae sobre la empresa Tripode, no sobre los propuestos beneficiarios.

El pasado 3 de septiembre, El Faro publicó el reportaje “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”.