La reciente disposición legislativa, evidentemente inconstitucional, injerencista e injusta, disponiendo la inmediata remoción de jueces que tuvieran más de sesenta años de edad, o más de treinta años de servir en un tribunal, me hizo buscar en mi pequeña biblioteca una monografía publicada en 2014, bajo los auspicios de FUSADES y editada por el Consejo Nacional de la Judicatura que fungía en ese año, titulada “Ética Judicial. De las reglas a las actuaciones”, en la cual se encuentra un trabajo serio y bien documentado, nominado “Los jueces buenos y los buenos jueces: algunas sencillas reflexiones y dudas sobre la ética judicial”, cuyo autor es el jurista y catedrático español don Eusebio Fernández García, miembro emérito del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, de la renombrada Universidad “Carlos III” de Madrid, España. De ese trabajo hago, en esta oportunidad, algunas consideraciones aplicables a nuestro sistema judicial.

Opinión

Buenos jueces y jueces buenos

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario @armanditolic

jueves 16, septiembre 2021 • 12:00 am

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La reciente disposición legislativa, evidentemente inconstitucional, injerencista e injusta, disponiendo la inmediata remoción de jueces que tuvieran más de sesenta años de edad, o más de treinta años de servir en un tribunal, me hizo buscar en mi pequeña biblioteca una monografía publicada en 2014, bajo los auspicios de FUSADES y editada por el Consejo Nacional de la Judicatura que fungía en ese año, titulada “Ética Judicial. De las reglas a las actuaciones”, en la cual se encuentra un trabajo serio y bien documentado, nominado “Los jueces buenos y los buenos jueces: algunas sencillas reflexiones y dudas sobre la ética judicial”, cuyo autor es el jurista y catedrático español don Eusebio Fernández García, miembro emérito del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, de la renombrada Universidad “Carlos III” de Madrid, España. De ese trabajo hago, en esta oportunidad, algunas consideraciones aplicables a nuestro sistema judicial.

El autor trata, inicialmente, sobre la permanente confrontación entre el contenido de la ley, que regula un hecho social y su posible solución en caso de conflicto, y la conciencia del juez; luego trata la cuestión del rango ético que mejor “podría definir al juez decente y la manera de mantener una situación institucional que no le exija al juzgador un comportamiento heroico, condición que implica conceder la mayor importancia a la independencia judicial”, sin descuidar que ellos precisan de ciertos rasgos de carácter que  posibiliten  cumplir con la ley y que los organismos estatales, responsables de su  elección y nombramiento,  se preocupen en lo más conveniente para la aplicación de la justicia: tener jueces buenos o tener buenos jueces.

A simple vista, pareciera que se trata de una simple trasposición del adjetivo bueno al sustantivo juez pero, de conformidad a lo expuesto por el jurista español, es un aspecto muy importante que debe estar presente al nombrar o al proteger la estabilidad de unos u otros. Hago un paréntesis y me pregunto: ¿Habrá diputados, de la actual legislatura, que ya conocían esta distinción, o simplemente se atuvieron a los aspectos cronológicos? Si fue por lo último, constituiría un tremendo error e ilegalidad.

Según el autor consultado, un juez bueno es alguien que en el ámbito privado y público de su existencia se comporta bondadosamente y, siendo juez, su actuación y decisiones jurisdiccionales se acompañan de características morales, que, no siendo incompatibles con la ley, hace que sus decisiones sean más justas, pues van más allá de la simple legalidad. En cambio, un buen juez es aquel juzgador que actúa con un buen ejercicio profesional y técnico en su función de juzgar. Un buen juez es el que conoce bien el derecho, se dedica suficientemente al estudio de los casos que le llegan y decide sobre ellos correctamente desde el punto de vista legal.

En todo caso, tratándose de un buen juez o de un juez bueno, cada uno de ellos, sin considerar si hay o no conexión de su moral intrínseca con su comportamiento judicial, los entes encargados de escoger y nombrar jueces deben analizar cuidadosamente su actuación pública, la que debe estar regida por los principios de imparcialidad, independencia y competencia, que son y deben ser requisitos legales inevitables e imprescindibles, para realizar una labor jurisdiccional garante de la legalidad en todos los casos, sin dejarse influir por otros aspectos, algunos de los cuales podrían estar lindando con la ilicitud e inmoralidad. En el estudio aludido al inicio de esta columna, hay más detalles pero que, por razones de espacio, sólo he anotado los que son  más relevantes y conexos para el tema tratado.