Política

Avalan decreto contra publicaciones obligatorias en impresos en El Salvador "Entiendo que Arena no está acostumbrada a pagar impuestos", dijo Marcela Pineda. "Reclámeselo a Arena", respondió Portillo Cuadra.

Yolanda Magaña

lunes 4, octubre 2021 • 6:47 pm

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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordó hoy la aprobación de la "Ley reguladora de la obligación de las personas naturales y jurídicas de derecho privado de cumplir con el principio de publicidad".

La normativa busca eliminar la obligación de publicar hechos u actos jurídicos en medios de comunicación impresa, dando paso a que también puedan ser publicados en medios digitales.

Los diputados agregaron artículos nuevos: objeto de la ley, definiciones de principio de publicidad, medios tecnológicos, digitales y virtuales, medio de comunicación digital; y ámbito de aplicación.

Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto facilitar a las personas el cumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a distintos actos o hechos con consecuencias jurídicas realizados por los particulares que se encuentren establecidos en leyes secundarias vigentes en el país". Artículo 1 aprobado.

De acuerdo al artículo 4, "para cumplir con la obligación de la publicación se faculta a las personas obligadas se faculta a hacer uso de medios tecnológicos, digitales o virtuales, que se encuentran disponibles, siempre y cuando cumplan con la función de publicar, comunicar o divulgar la información de interés general a la población y de conformidad a las condiciones establecidas en la presente ley".

La normativa indica que el obligado tendrá la potestad de decidir si utiliza medios impresos de mayor circulación u otros medios digitales "con igual o mayor cobertura o alcance digital".

Estos medios deberán estar "debidamente inscritos" en el registro de contribuyentes del Ministerio de Hacienda.

Según el artículo 5, podrán ser divulgadas por los obligados en otros medios incluidas las redes sociales.

Declaración jurada

La declaración jurada exigida para certificar la publicación ante terceros, que regula la ley, generó una discusión entre los diputados de Nuevas Ideas.

Inicialmente se había acordado que, ante terceros, puede presentarse la publicación más "una declaración jurada ante notario autorizado que certifique la autenticidad de la información confrontada entre la empresa y el soporte digital".

Sin embargo, el técnico de la Comisión sugirió eliminar la frase "certifique la autenticidad" sustituyéndolo por "certifique la conformidad de la información confrontada entre la empresa y el soporte digital".

A mí me parece que puede ser conformidad, teniendo en cuenta eso, que los notarios no dan ese punto", replicó la diputada Marcela Pineda. "Sí, la conformidad", asintió la diputada Evelyn Merlos.

"Como notario no podés decir que es auténtico algo pero sí podés decir que es conforme a lo que se ha hecho", explicó Pineda, ante la pregunta de Rebeca Santos, quien consultó cuál era la sugerencia que había hecho el técnico.

Pineda lo llevó a votación pero no logró votos.

La diputada siguió explicando: "Los notarios cuando dan fe no darían fe de la autenticidad sino de la conformidad, es de que se muestra es lo que se publicó". Ella pidió propuestas a los diputados.

Merlos sugirió "dar fe".

Pineda sugirió "que certifique la información confrontada". La sugerencia fue aceptada y el artículo finalmente se aprobó.

Ardua discusión: dudas

La aprobación se dio luego de una ardua discusión entre los diputados de Nuevas Ideas y el diputado René Portillo Cuadra, quien hizo observaciones al proyecto de decreto.

El diputado Portillo Cuadra advirtió a los diputados que, así como estaba redactada esta ley, se tenían que derogar disposiciones de unas 20 leyes.

Sugirió a los legisladores invitar a "personas y funcionarios de su confianza del Diario Oficial y de la Corte Suprema de Justicia".

"Creo que la intención es buena pero está sumamente deficiente el contenido de esta ley... Tengo la impresión que (el proponente) no tiene claro que es derecho privado", aseveró el diputado."Cuando dos personas van donde un notario y se ponen de acuerdo en un contrato privado, ¿se aplicará esta ley o no?", les preguntó.

La diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, le respondió que le preocupaba que el diputado de Arena estuviera señalando vacíos legales cuando Nuevas Ideas estaba haciendo propuestas.

"Es mentira que al aprobar esta reforma quedaría una gran incertidumbre jurídica", le contestó al legislador. "Yo entiendo que a veces se quiera confundir al pueblo, pero lo real es que parte del trabajo que se hace como diputados es investigar y discutir. Yo lo que veo es que están aislados", prosiguió la legisladora.

"No va a ser gratis"

El diputado Walter Coto también le respondió a Portillo Cuadra que "aparte de que la página va a estar certificada como tal, (habrá una) declaratoria jurídica de que en el sitio se hizo la publicación correspondiente".

Portillo Cuadra respondió que entonces "no va a ser gratis, aparte de que le van a pagar la declaración jurada, le van a pagar a los medios digitales. Para que le quede claro al ciudadano".
Luego, sostuvo que "la veracidad sí es consustancial al tema probatorio, porque hay periódicos digitales que se dedican cotidianamente a la desinformación".

"Monopolio"

Antes, el diputado Christian Guevara, diputado que presentó la iniciativa, señaló que la Ley de Bancos obliga a publicar tasas de interés, plazo para la liquidación de activos, amortizaciones, entre otros, en medios impresos.

Añadió que la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones también obliga a hacer las publicaciones de constituciones, accionistas, estados financieros, entre otros, en medios impresos.

"Lo que a mí me parece injusto es que debe ser un medio impreso cuando hoy es el medio en el que menos se informan los salvadoreños", expresó legislador, al inicio de la comisión.

El diputado señaló que las instituciones del Estado siempre deberán tener la obligación de publicar en medios impresos.

"Uno de los grandes obligados es el Estado y, aunque estoy consciente que esto traería ahorros en el Gobierno, ponemos en riesgo la transparencia que se ha logrado con la LACAP", expresó.

"Reclámeselo a Arena"

Portillo Cuadra también preguntó si, según el decreto aprobado, la plataforma de publicación será la de un periódico o una plataforma personal.

"Está tan mal elaborado que el técnico no ha tenido tiempo de ordenar las ideas", expresó, sobre el proyecto de decreto.

"Entiendo que Arena no está acostumbrado a pagar impuestos", le dijo Marcela Pineda.

"Reclámeselo a Arena", le respondió Portillo. "Si hay algo contra Arena, acusen a Arena. Eso no es serio, las discusiones tienen que ser de altura", reclamó.

"Para la próxima, anotemos. No hay por qué seguir por qué seguir con esas viejas mañas", le respondió Pineda.

Al final, dieron un receso de 15 minutos y los legisladores aprobaron el dictamen favorable que será sometido a votación en la sesión plenaria de este martes.

 

Otros artículos aprobados

Derogatoria de exclusividad. Artículo 7.  Quedan derogadas en las leyes secundarias vigentes, exceptuándose las referidas al ejercicio de función pública notarial, las disposiciones que establezcan un carácter de exclusividad de realizar publicaciones mediante la utilización de medios escritos impresos de circulación nacional, siendo potestad del obligado el uso de esos medios u otros en formato digital de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la presente ley.

De las publicaciones. Artículo 8. En lo concerniente a los requisitos de contenido, ocasiones y frecuencia con que se deban realizar las publicaciones establecidas para los efectos pertinentes en cada normativa, se mantienen vigentes todos los aspectos que a la fecha se refieran, establezcan, desarrollen o señalen las regulaciones secundarias que las ordenan.

De las publicaciones estatales. Artículo 9. Quedan excluidas de la presente ley todas las instituciones del sector público, instancias de los tres poderes del Estado, instituciones autónomas, descentralizadas y las municipalidades, quienes seguirán cumpliendo con los principios de publicidad ya establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y cualquier otra disposición pública que regule a dichos sectores.

El decreto iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.