Calificar así a quienes están al frente del Estado salvadoreño, ¿es atrevido, insolente o falso? ¡No! Al contrario, se queda corto. Habría que agregarle otros apelativos como criminales e insensibles, hipócritas e inhumanas. ¿Por qué? No son pocos los motivos, ciertamente, pero centrémonos en uno a propósito de la conmemoración del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas el pasado domingo 30 de agosto. Desde que declaró como tal esa fecha hace casi diez años al aprobar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados miembros a honrar entonces a las víctimas de esa práctica nefasta. Pero en El Salvador, ni es oficial ese homenaje ni se ha firmado y ratificado el instrumento internacional que obliga a sancionar y prevenir tales delitos.

Opinión

Autoridades cobardes

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos

jueves 3, septiembre 2020 • 12:00 am

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Calificar así a quienes están al frente del Estado salvadoreño, ¿es atrevido, insolente o falso? ¡No! Al contrario, se queda corto. Habría que agregarle otros apelativos como criminales e insensibles, hipócritas e inhumanas. ¿Por qué? No son pocos los motivos, ciertamente, pero centrémonos en uno a propósito de la conmemoración del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas el pasado domingo 30 de agosto. Desde que declaró como tal esa fecha hace casi diez años al aprobar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados miembros a honrar entonces a las víctimas de esa práctica nefasta. Pero en El Salvador, ni es oficial ese homenaje ni se ha firmado y ratificado el instrumento internacional que obliga a sancionar y prevenir tales delitos.

Cobardes, pues desde el fin de la guerra y hasta la fecha las administraciones del Ejecutivo y las configuraciones legislativas nunca tuvieron la valentía ‒no nos vengan con eso de la “voluntad política”, usualmente mediática e hipócrita‒ para encarar a quienes ordenaron, financiaron y encubrieron a las estructuras del terror que ejecutaron esos crímenes cometidos por ambos bandos antes y durante su enfrentamiento armado, independientemente de la cantidad pues acá lo que importa es su calidad: la de atrocidades. Se protegieron entre sí ocultando la verdad, garantizándose impunidad y negando la reparación de los daños. Así, además de las desapariciones forzadas en sí mismas, también violaron y siguen violando otros derechos.

Lo anterior no es pasado. Esa “institucionalidad”, en el presente, no ha dado muestras para asegurar lo contrario. Permanecen sin abrirse los archivos militares que permitirían avanzar en su lucha a las familias ofendidas; tampoco se ha decretado el Día Nacional de las víctimas de desapariciones forzadas ni se ha firmado y ratificado la citada Convención. Además, desde que le dijeron “adiós a las armas” aquellos, otras organizaciones delincuenciales continuaron y continúan las desapariciones forzadas dentro y fuera del país; ya no por causas políticas,  pero sí por políticas gubernamentales desatinadas que casi siempre responden a coyunturas electoreras alejadas del mandato constitucional de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad.

Cobardes y despreciables autoridades estatales sin un compromiso serio para llevar un poco de sosiego a quienes aún buscan los huesos de sus seres queridos. Huesos que ‒en voz de Pedro Guerra‒ “no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia: desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado”.

¿Qué hacer? Pues en este país hay ejemplo de esa valentía que tanta falta hace para hacer lo debido.  Acá hubo una Comisión Especial para buscar presos políticos desaparecidos ‒así bautizada por la Junta Revolucionaria de Gobierno que la creó en octubre de 1979‒ integrada por los abogados Roberto Lara Velado, Luis Alonso Posada y Roberto Suárez Suay, este último fiscal general de la república.

Sin mayores recursos ni sesudos conocimientos teóricos, como hoy en día, cumplieron su misión. En su informe incluyeron nombres de víctimas cuyos huesos ubicaron; también las “cárceles clandestinas” que detectaron. Arriesgaron sus vidas pidiendo juicio y castigo para el derrocado presidente y su antecesor; también para los destituidos directores de los “cuerpos de seguridad”. Los integrantes de esta Comisión renunciaron a finales de 1979, tras el giro de ciento ochenta grados que dio un proceso que al final fue desnaturalizado ‒en parte‒ por el valiente desempeño de esos juristas que incomodó a mandos militares violadores de derechos humanos y a los poderes fácticos que los usaron para mantener un  estado de cosas estructuralmente injusto.


En El Salvador la primera persona desaparecida que registró el Socorro Jurídico fue Leopoldo Fernando Soto Crespo, capturado por policías uniformados y agentes vestidos de civil el 25 de marzo de 1966. Luego, en 1973 da cuenta de dos víctimas: un estudiante y un jornalero; en abril de 1975, fueron tres hombres y una mujer. A partir del 30 de julio de dicho año, la desaparición forzada se convirtió en una práctica estatal sistemática; ese día, las víctimas directas fueron al menos siete estudiantes que participaban en una marcha de protesta.

Y en El Salvador, casi cinco décadas y media después de la desaparición forzada del obrero Soto Crespo, esa práctica continúa vigente. Distintas razones y distintos actores, sí, pero continúa. ¿Por qué? Porque las autoridades del Estado continúan siendo cobardes, criminales, insensibles, hipócritas e inhumanas pues ‒como se apuntó‒ siguen información valiosa y necesaria para investigar las atrocidades de antes y durante la guerra. Según el “emisario” de Nayib Bukele, José Ángel Pérez Chacón, porque “hay planes militares secretos” que no puede revelados el Ministerio de la Defensa Nacional y porque la institución armada resguarda “bienes superiores de índole colectivo como la seguridad nacional, la defensa del Estado y la soberanía”.

Lo acaba de decir en una audiencia realizada como parte del proceso judicial en el caso de la masacre de El Mozote; a nosotros no nos queda, entonces, más que maldecir el indecente desempeño de quienes desprecian a las víctimas y protegen a sus victimarios.