Es obvio el temor de la clase política para regular la función pública y los presidenciables están contagiados. Cobardemente evaden el tema.

Opinión

Auditoría de plazas y evaluación de desempeño

Jorge Castillo / Politólogo

lunes 17, septiembre 2018 • 12:00 am

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Es obvio el temor de la clase política para regular la función pública y los presidenciables están contagiados. Cobardemente evaden el tema.

Siendo Subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales Carbonell impulsó una “Ley de la Función Pública”. Desde hace 5 años está engavetada en la impoluta Asamblea Legislativa. Lógico, va contra sus intereses (contratación de activistas) y fomenta la efectividad y transparencia en el sector gubernamental. ¿Cuál es el temor de regular la función pública? fue el título de mi Artículo de Opinión publicado al respecto en DEM el 04 de diciembre de 2012.

Al año siguiente, el coordinador residente de la ONU, Robert Valent, al celebrar el “Día Internacional de la Administración pública” (23 de junio de cada año) dijo que “el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos forma parte de la modernización de los Estados, especialmente, mediante el aprovechamiento de la tecnología y usando nuevos métodos que hagan más eficiente la prestación de los servicios públicos”, lo que también comenté en mi columna de opinión “Administración pública y meritocracia” en DEM el 01 de julio del 2013.

Para Valent debería ser obligatorio que quien aspire tener un empleo público, debería pasar primero por una escuela de capacitación que, por cierto contempla la referida Ley. En países como Alemania y Francia sus funcionarios son sometidos a evaluaciones periódicas -léase bien- a lo largo de toda su carrera administrativa. En El Salvador solo fue un anuncio demagógico.

Ocurre que en nuestro país, el Estado es visto como botín y empleador de activistas partidarios, de calle y de escritorio. El resultado: se fomenta la mediocridad, la holgazanería y hasta los “bailongos judiciales”. Hay honrosas excepciones, pues muchos funcionarios cumplen a cabalidad su trabajo. Sin embargo, se cuentan por cientos los empleados contratados por funcionarios por el hecho de ser  paisanos. Ninguna entidad escapa de esto. El mérito es lo de menos.

Existe pues, una manipulación política del empleo público que aprovecha el partido en turno. Eso viene desde los tiempos del PRUD, Pro-Patria, PCN, PDC, ARENA y FMLN. Y podría profundizarse si un grupito de traidores, apátridas e ideológicamente desubicados, logran salpicar con su populismo a quienes (con justa razón) están hartos de los políticos tradicionales.


Si unos vendieron y otros compraron un partido camaleón, que cambia de color según la ocasión, también lo pueden hacer con todo el país.

Hago esta remembranza, por la última encuesta de Camarasal en la que un 60 % de empresarios sugiere que en el próximo gobierno se realice una auditoría en las plazas del gobierno. Su  segundo sondeo  de opinión “S.O.S. El Salvador” recoge las prioridades que, a juicio de los empresarios, el Presidente que resulte electo en el 2019 podría considerar.

Camarasal hace una atinada sugerencia que debería ser elevada a la categoría de exigencia, porque la ineficiencia, mediocridad, clientelismo, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y tráfico de influencias está allí, a la vista de todos ya que los nuevos estilos de vida de los advenedizos y acomplejados nuevos funcionarios los delatan.

Incluso, esos nuevos lujos en sus estilos de vida llevaron a una jauría a cuestionar a un expresidente (torpemente leal a su partido hasta la muerte).Otro (que dijo que “a los malacate se les acabó la fiesta”) está preso. El último cobarde y charlatán expresidente,  está refugiado (por consejo de su partido) bajo los calzoncillos de un tirano asesino, quien por cierto goza de la solidaridad político-diplomática de su homólogo salvadoreño.

Si hay, aproximadamente, 163 mil empleados públicos (SIRH-DINAFI-Ministerio de Hacienda) es imperativo saber el valor público que agregan estos servidores al Estado. Un nuevo presidente debería  utilizar los resultados de una auditoría independiente de las plazas públicas e inmediatamente ordenar una evaluación del desempeño de cada servidor.

De no hacerlo, seguiremos con el vergonzoso ejemplo de la Asamblea Legislativa: no pueden despedir empleados porque no los ubican, ya que son  “plazas fantasmas”…pero pagadas con dineros públicos.