El juez español, Manuel García Castellón ordenó ayer, prisión preventiva para el coronel salvadoreño Inocente Montano, implicado en la masacre en la que murieron seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, en 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

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Audiencia Nacional española envía a prisión a Montano

AFP

viernes 1, diciembre 2017 • 12:02 am

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El juez español, Manuel García Castellón ordenó ayer, prisión preventiva para el coronel salvadoreño Inocente Montano, implicado en la masacre en la que murieron seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, en 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Montano, de 74 años, fue presentado este jueves ante la Audiencia Nacional en Madrid, un día después de haber llegado extraditado desde Estados Unidos.

El juez “acuerda el ingreso en prisión incondicional” del militar retirado “por participar ‘activamente’ en la decisión y diseño del asesinato” de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989, indicó la nota de prensa de la Audiencia Nacional.

Montano es el primero de 17 militares salvadoreños en situación de retiro en enfrentar la justicia española, que los solicitó en extradición por su vinculación con la masacre, en la que también murieron dos empleadas.

Viceministro salvadoreño de seguridad pública entre 1989 y 1992, Montano será procesado por los delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad.

Como miembro de un grupo de militares clave en el ejército, participó “activamente en la decisión y diseño” de los asesinatos, según el auto, además de que una radio oficial a cargo de Montano difundió “días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra” los religiosos, acusándolos de “terroristas”.


Su abogado, Antonio Alberca, aseguró a AFP que su defendido es “inocente”, al lamentar que el juez desoyera la solicitud de libertad condicional al no existir riesgo de fuga, toda vez que el coronel “acaba de salir de un cáncer de próstata, necesita asistencia médica y va en silla de ruedas”.

La Audiencia Nacional abrió la investigación contra los militares en 2009, a solicitud de organizaciones de derechos humanos, en base al principio de justicia universal para crímenes de lesa humanidad.

En 2011 emitió órdenes de captura internacionales, pero la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negó la entrega.

Varios militares fueron juzgados en El Salvador y condenados a 30 años de cárcel, pero salieron libres gracias a la Ley de Amnistía de 1993 al fin de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).