Política

Asamblea Legislativa aprueba ley del banco nacional de datos de ADN Las legisladoras esperan reducir índices de impunidad de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Saraí Alas

miércoles 20, enero 2021 • 5:58 pm

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Con 77 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN.

La normativa creará un banco nacional de datos de ADN, que sistematizará y almacenará información genética con el objetivo de ingresar los perfiles genéticos a las bases de ADN que lo integran.

El banco de ADN será dirigido por un Consejo Administrador y estará integrado por un delegado del fiscal general de la República, por un miembro de la Subdirección Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil (PNC-STCF) y un miembro del Instituto de Medicina Legal (IML).

Dicho Consejo tendrá la obligación de establecer los parámetros y protocolos para la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos.

¿Qué tipo de datos recogerá el banco de ADN?

El registro contendrá datos de:


  • Personas condenadas.
  • Imputados en casos judicializados.
  • Personas detenidas.
  • Evidencias y antecedentes.
  • Víctimas de un delito.
  • Personas desaparecidas y sus familiares.
  • Personas voluntarias.
  • Personal involucrado en toma y procesamiento de ADN.

La normativa jurídica obliga a que toda persona que intervenga en la toma de muestras, evidencias y perfil genético deberá mantener la reserva e integridad de la cadena de custodia, según criterios, protocolos y procedimientos técnico científicos para garantizar su fiabilidad.

Se enviarán a Fiscalía

Los informes y el material biológico de las bases datos obtenidos del banco de ADN serán remitidos a la Fiscalía o al tribunal correspondiente.

Medicina Legal realizará los peritajes correspondientes para comparar los perfiles genéticos en el marco de un proceso penal que se esté realizando.

La ley establece la posibilidad de que una persona cambie su calidad de detenido a imputado o de imputado a condenado, según el caso.

Sanciones

La ley establece que la persona que en su cargo o profesión permitiere el acceso a las bases de datos o exámenes a individuos no autorizados será sancionado.

La multa es 10 salarios mínimos mensuales ($3,000) o de 20 salarios mínimos mensuales ($6,000) como máximo. También serán destituidos del cargo.

Asimismo, la ley sancionará con 15 salarios mínimos mensuales ($4,500) a los funcionarios a cargo del Banco de Datos que omitan, destruyan o conserven material biológico de las listas de muestras ingresadas al registro. También serían destituidos.

El artículo 27 establece que quien altere o elimine las muestras biológicas objetos del examen de ADN; falsifique resultados de dichos exámenes o la determinación del perfil genético, o plante en la escena del delito o en la víctima; falte a la verdad en un informe pericial de examen o cotejo, o adulterare su contenido, será sancionado con una multa de 20 salarios mínimos mensuales.

La diputada Patricia Valdivieso, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que esta normativa podrá dar una respuesta científica a todos los delitos y reducir los índices de imputado de delitos sexuales.

Más del 90 % de los delitos por violencia sexual quedan impunes. ¿Y saben cuál es la razón principal para no resolver un caso con condena? La falta de una prueba definitiva. ¿Qué mejor prueba se puede tener que el ADN?”. Patricia Valdivieso, diputada de Arena.

La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), coincidió en que se dará una respuesta a las víctimas de violaciones sexuales.

Como mujer, como madre me siento muy comprometida porque vemos las altas cifras de niñas y mujeres afectadas por los temas de la violencia sexual en el país. Esta herramienta permitirá hacer un uso efectivo porque vamos a ayudar a que no se condenen inocentes”. Dina Argueta, diputada del FMLN.

La ley de banco de datos de ADN es la primera normativa aprobada por la comisión ad hoc para estudiar los expedientes que contienen iniciativas de reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual.