Para dejarlo claro desde el inicio, debo recordar que en nuestro país los archivos militares no son propiedad de la Fuerza Armada. El Art. 8 de su Ley Orgánica ya establece que: “Los bienes materiales al servicio de la Fuerza Armada son bienes del Estado…”, y esto no solo incluye armamento y equipos varios, sino que también la información que estos generan y conservan. Por lo que esta disposición reconoce una situación de posesión transitoria sobre un material ajeno, que está encomendado a los uniformados y que se encuentra bajo su custodia solamente mientras les sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines, fines legítimos se entiende.

Opinión

Archivos y militares

Roberto Burgos Viale / Catedrático

lunes 5, octubre 2020 • 12:00 am

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Para dejarlo claro desde el inicio, debo recordar que en nuestro país los archivos militares no son propiedad de la Fuerza Armada. El Art. 8 de su Ley Orgánica ya establece que: “Los bienes materiales al servicio de la Fuerza Armada son bienes del Estado…”, y esto no solo incluye armamento y equipos varios, sino que también la información que estos generan y conservan. Por lo que esta disposición reconoce una situación de posesión transitoria sobre un material ajeno, que está encomendado a los uniformados y que se encuentra bajo su custodia solamente mientras les sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines, fines legítimos se entiende.

Lo anterior, a raíz de los variados incidentes protagonizados en las últimas dos semanas por el Presidente de la República y sus oficiales, en torno a la orden judicial de permitir el acceso a los archivos institucionales que –se suponía- resguardaban documentos relacionados con las operaciones militares emprendidas a inicios de la guerra civil, y que en el caso de la conocida como “Masacre de el Mozote y otros municipios aledaños” condujo al asesinato sistemático a partir del 11 de diciembre de 1981 de más de un millar de personas.

De acuerdo con el censo gubernamental que se hizo público hace casi tres años, a partir de los datos recabados gracias a la colaboración de los sobrevivientes, de familiares y representantes de las víctimas y de otras fuentes consultadas, los ejecutados por el Ejército fueron 978, al menos los identificados hasta ahora, de los cuales 553 eran menores de edad, 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de seis.

Semejante barbarie mostrada por un ejército occidental que se dice profesional y hasta cuenta con un obispo militar, pues se dice cristiano, debería mover la conciencia de propios y extraños y provocar el homenaje a los asesinados que solo se consigue con la verdad, la justicia y la implementación de las medidas de reparación y garantías de no repetición que ya contempla el derecho internacional, al menos para empezar.

Para empezar a cambiar un país en el que la mentira y el encubrimiento han sido una de las pocas tradiciones estatales a las que han sido fieles todas las fuerzas políticas a su debido turno, tal parece que este es el único punto en el que se puede lograr consensos en este país, al menos en el ámbito político y gubernamental, donde solo la suma de intereses es capaz de mover voluntades, y donde la vida de cientos o miles de campesinos pobres y sus familias sigue siendo un tema prescindible, poco importante, molesto para la idea de país moderno y pujante que algunos aún mantienen, sobre bases poco sólidas, más bien movedizas.

Lo que está ocurriendo en El Salvador, y que ocurre desde diciembre de 1981, año en el que los militares perpetraron esta masacre, es la puesta en escena de un esfuerzo más por encubrir la responsabilidad personal e institucional de las mismas unidades militares a las que hoy se enaltece en su renovado papel de gendarmes de la democracia, una nueva idea que el Presidente parece mantener, cuando rodeado de banderas y de cadetes en uniforme de gala, envía sus mensajes a una sociedad que merece algo mejor que el regreso del militarismo. Porque lo mejor de nuestra historia no está en los cuarteles.


Quiero recordar lo sucedido más al sur, específicamente el 31 de octubre de 2013, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en el subsuelo del edificio Cóndor, propiedad de la Fuerza Aérea de aquel país, fueron hallados archivos secretos pertenecientes a la última dictadura cívico-militar. El hallazgo daba cuenta de las actas de los generales al mando de las tres armas principales, que coludidas, dieron un golpe de estado en 1976 imponiendo un régimen de terror y de violación de derechos humanos, como también ocurría aquí.

Ese hallazgo movió a la presidente argentina de entonces a ordenar la custodia de todos los papeles encontrados, involucró a las autoridades de cultura, a los militares y también a representantes de víctimas, para acompañar el esfuerzo del ejecutivo por el rescate de la memoria, la publicación del hallazgo y su puesta en manos de sus legítimos propietarios: la sociedad que en su conjunto es la que sufre las consecuencias de los desmanes autoritarios que de cuando en cuando reaparecen. En suma, se procedió allá como debió hacerse aquí, si por lo menos se diera cumplimiento al Art. 8 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Seguro.