La defensa de Earle Reyes Morales, hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal, la orden de captura que giró el juez Sexto de Instrucción el 4 de junio, por no presentarse a la audiencia especial en la que  sería notificado de los delitos por los cuales Fiscalía, lo acusa.

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Apelan orden de captura contra hermano de Sigfrido Reyes La defensa ha acudido a un tribunal superior para dejar sin efecto la orden de captura girada por el juez Sexto de Instrucción, tras alegar situación económica y de salud de su cliente.

Jaime López

jueves 17, junio 2021 • 4:30 am

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La defensa de Earle Reyes Morales, hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal, la orden de captura que giró el juez Sexto de Instrucción el 4 de junio, por no presentarse a la audiencia especial en la que  sería notificado de los delitos por los cuales Fiscalía, lo acusa.

Teóricamente estaba en Suecia, extraoficialmente, me cuentan que ya se movió, se cambió no solo de domicilio sino de país, con lo cual significa que no estaba tan malo (de salud) como para no poder venir”, afirmó el juez Sexto de Instrucción, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, ayer.

El juez dijo que supuestamente Reyes Morales se encuentra en Suiza.

Pero el abogado Pedro Cruz, uno de los tres abogados de Reyes Morales, tiene una valoración distinta, tras cuestionar el motivo por el que el juez giró la orden de captura de su cliente –la inasistencia a la audiencia de notificación de delitos- tras argumentar que se encuentra fuera del país, en Europa, se le ha congelado cuentas, intervenido propiedades y cerrado la empresa.

La idea era que pudiera presentarse a la audiencia preliminar que en principio estaba proyectaba para junio, pero como los peritos no terminaron el peritaje y han  pedido más tiempo para completarla, no fue posible que viniera porque sería venir a nada…  Si tiene que comer, ver cómo vive y pagar el pasaje”, detalló Cruz.

El otro argumento que ha expuesto la defensa por la que Reyes Morales no vino  a la audiencia de notificación de delitos, es su estado de salud (tiene problemas en las vías urinarias) y que todavía no ha completado el esquema de vacunación contra el Covid- 19 y en Europa no es posible aplicársela de forma privada, sino solo el sistema público.


Además, afirmó que los cargos que se imputan a Reyes Morales carecen de fundamento;  “las transacciones que a él le achacan como sospechosas de lavado de dinero ya se aclararon al juez, se presentaron los documentos, los contratos, las transacciones bancarias, que explican  en qué se gastó y de dónde vino el dinero”, dijo Cruz.

Rechazó que Earle Reyes tenga que ver con el tema de viáticos que se atribuye al exdiputado, pues según él, se ha demostrado con documentación reciente que el peculado o extracción de fondos de la Asamblea Legislativa, no existe.

Las justificantes que la defensa ha expuesto para la incomparecencia de su cliente, han sido  rechazadas por el juez Arévalo Ortuño, por lo que asegura estar convencido de que era necesario  girarle una orden de detención internacional a través de la Interpol.

El juez Arévalo Ortuño dejó abierta la posibilidad, de que la defensa presentara una constancia de salud más reciente sobre la condición Earle Reyes para evaluar si quita la orden internacional de captura  contra él.

Los hechos

Según Fiscalía, los hechos que se atribuyen a Reyes, Larrazábal y 12 personas más, ocurrieron entre 2011 a 2014 cuando Sigfrido Reyes fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, en su condición habría extraído dinero del Estado con el que cometió delito de peculado y  facilitó al socio y a su pariente, que ellos cayeran en el delito de lavado de dinero y activo.

El fiscal del caso afirmó que solo el hermano de Reyes presuntamente ha lavado más de $500,000  en compra de inmuebles por medio de sociedades de fachada, así como compra de vehículos sin tener la capacidad económica y simulando contrato con Sigfrido Reyes.

Mientras, Larrazábal, habría cometido una estafa de manera directa con  terrenos del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) por medio de sociedades y testaferros (prestanombres), con quienes  engañaron al Estado adquiriendo sus bienes a precio de menor valor, para luego dotarlos de escrituras y  venderlos con una mejor plusvalía o ganancia. De forma preliminar la estafa atribuida a Larrazábal según Fiscalía es de $1.5 millones.