La institucionalidad del Estado debe ser clara, precisa y práctica en su funcionamiento, para contribuir con su ejercicio a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, donde las autoridades y los ciudadanos, todos por igual, aceptemos y confiemos en el sistema legal salvadoreño, sin dudar. Dicho lo anterior, creo que es oportuno, en el ambiente festivo que nos ofrece el mes de las celebraciones patrias con motivo de conmemorar un aniversario más de nuestra independencia, trasladar al oído de Casa Presidencial (CAPRES) y del Comité Cívico Nacional presidido por el Ministro de Gobernación, la necesidad de reformar, por un claro conflicto de interés en materia de aplicación legal, el Decreto Ejecutivo No.137 que da vida al Comité Cívico Nacional. Recordemos que un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo colegiado que tiene la autoridad para hacerlo.

Opinión

Al oído de Capres y del Comité Cívico Nacional

José Roberto Batista / Estratega en Política y Diplomacia

viernes 18, septiembre 2020 • 12:00 am

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La institucionalidad del Estado debe ser clara, precisa y práctica en su funcionamiento, para contribuir con su ejercicio a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, donde las autoridades y los ciudadanos, todos por igual, aceptemos y confiemos en el sistema legal salvadoreño, sin dudar. Dicho lo anterior, creo que es oportuno, en el ambiente festivo que nos ofrece el mes de las celebraciones patrias con motivo de conmemorar un aniversario más de nuestra independencia, trasladar al oído de Casa Presidencial (CAPRES) y del Comité Cívico Nacional presidido por el Ministro de Gobernación, la necesidad de reformar, por un claro conflicto de interés en materia de aplicación legal, el Decreto Ejecutivo No.137 que da vida al Comité Cívico Nacional. Recordemos que un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo colegiado que tiene la autoridad para hacerlo.

El decreto antes referido fue emitido por el entonces Presidente Mauricio Funes, el 13 de agosto de 2013, el cual en el romano III del considerando define: “Que es de importancia que las actividades cívicas sean organizadas, planificadas y ejecutadas por un organismo de carácter permanente, que coordine el esfuerzo conjunto de diferentes instituciones, con el propósito de celebrar las diversas fechas de nuestro calendario cívico.” Pero la atribución de organizar, planificar y ejecutar, que dicho decreto le otorga al Comité Cívico Nacional es antagónica y no menos contradictoria, pues contraviene lo estipulado en otro instrumento legal, que en términos de precedencia normativa, ostenta mayor jerarquía y antigüedad para su aplicación; me refiero a la Ley del Ceremonial Diplomático de la República de El Salvador.

Esta Ley, promulgada mediante Decreto Legislativo No.432 de fecha 1 de octubre de 1998, define a la Dirección General de Protocolo y Órdenes (DGPO) del Ministerio de Relaciones Exteriores como “….la entidad gubernamental encargada del Protocolo de Estado para lo cual planificará, coordinará, ejecutará y supervisará el buen desarrollo de los actos públicos oficiales donde participe el Presidente Constitucional de la República….”.

Lo anterior demuestra la clara dualidad de funciones que el actual sistema legal le otorga tanto al Comité Cívico Nacional, como a la DGPO, cosa que por cuestión de orden no puede ser. Por eso, a mi juicio, el Decreto Ejecutivo No.137 debería ser derogado y en su lugar, CAPRES debe redactar otro documento más actualizado y más acorde a la visión estratégica que el Presidente Bukele tenga respecto de inculcar, promover y fomentar los valores cívicos y morales, la convivencia ciudadana, el espíritu integracionista y el sentimiento patriótico en la población.

El texto del nuevo decreto ejecutivo debería armonizar la labor del Comité Cívico Nacional con la función que la DGPO tiene de “…cumplir y hacer cumplir el Protocolo de Estado….”, así como también circunscribir su finalidad a las actividades de celebración del mes patrio como pueden ser la inauguración del mes cívico, el recorrido de la antorcha centroamericana, el desfile cívico-militar que se realiza el día de la independencia, entre otros. También deben reformularse los objetivos y atribuciones que tendrá el Comité; en el primer caso, eliminando el literal d) que se refiere a rendir homenaje a los próceres pues dicha disposición no es un objetivo de ningún comité sino una potestad y una obligación de las máximas autoridades de la nación; también eliminar el literal g), pues conmemorar fechas históricas como los Acuerdos de Paz, la Independencia Patria, la Promulgación de la Constitución o el Primer Grito de Independencia, cae en el campo del protocolo oficial y protocolo de estado. En el caso de las atribuciones, se deberá eliminar el literal a) del artículo 5 que textualmente dice: “Planificar, organizar y coordinar las directrices a nivel nacional para la celebración de las actividades del calendario cívico durante el año” pues como ya se dijo eso es una competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protocolo y Órdenes.

En mi calidad de ciudadano comprometido por construir un mejor El Salvador, traslado a las autoridades competentes la anterior propuesta, para que de a poco, se vayan corrigiendo los errores del pasado.