La desaparición forzada de personas es un doloroso trauma que alarga el sufrimiento familiar. Diferentes capítulos muestran la cruel represión del Estado y grupos paramilitares desde la década previa al conflicto armado (1970-1980) de esta horrenda práctica, la que luego sería sistematizada y masificada bajo el complaciente silencio y tolerancia del norte durante los once años de Guerra Civil. Después, a este drama se sumó el incontable número de desaparecidos en las tenebrosas rutas de obligado recorrido de los migrantes que atraviesan peligrosos territorios bajo control del crimen organizado al cruzar tres fronteras, un calvario de más de cinco mil kilómetros para intentar llegar a la tierra prometida.

Opinión

¿Adónde van los desaparecidos? Es un derecho de las familias publicar sus desaparecidos y las circunstancias en las redes sociales…

Eugenio Chicas / Dirigente del FMLN @eugeniochicas

jueves 3, junio 2021 • 12:00 am

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La desaparición forzada de personas es un doloroso trauma que alarga el sufrimiento familiar. Diferentes capítulos muestran la cruel represión del Estado y grupos paramilitares desde la década previa al conflicto armado (1970-1980) de esta horrenda práctica, la que luego sería sistematizada y masificada bajo el complaciente silencio y tolerancia del norte durante los once años de Guerra Civil. Después, a este drama se sumó el incontable número de desaparecidos en las tenebrosas rutas de obligado recorrido de los migrantes que atraviesan peligrosos territorios bajo control del crimen organizado al cruzar tres fronteras, un calvario de más de cinco mil kilómetros para intentar llegar a la tierra prometida.

En dos décadas se recrudeció el flagelo de los desaparecidos, principalmente bajo responsabilidad de grupos criminales de pandillas en permanente disputa por un despiadado control territorial; otros casos se atribuyen al crimen organizado o a grupos de exterminio supuestamente operando desde estructuras del Estado. Analistas especializados coinciden en que, al amparo de presuntas treguas y pactos de agentes institucionales con grupos criminales de pandillas, estos se comprometieron en “bajar el muertómetro” sofisticando sus crímenes al desaparecer a las víctimas.

Los desaparecidos representan una dolorosa herida social que permanece abierta desde la Guerra Civil, solo la Comisión de la Verdad registró más de 5000 personas desaparecidas, número ampliado conforme se asentó el proceso de paz y las familias cobraron valor para demandar justicia. Así, Tutela Legal María Julia Hernández registró más de 9000 desapariciones forzadas durante el conflicto, mientras Pro-Búsqueda, especializada en casos de niños y niñas violentados, pudo documentar la desaparición de 1005 menores, de los cuales 443 casos fueron resueltos localizando a las víctimas para el estremecedor reencuentro familiar.

La persistente presión de los familiares de las víctimas obligó al Estado a implementar algunos mecanismos como suscribir el Tratado Constitutivo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (noviembre 2015), única instancia global para el contexto de guerras, migraciones, violaciones de derechos humanos y desastres naturales. También, el decreto ejecutivo 33 (agosto 2017) estableció el Registro Oficial de Desaparecidos mediante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA) adscrito a Cancillería, a cargo de un comisionado Presidencial y representantes de las organizaciones de víctimas de desapariciones forzadas y de derechos humanos; mientras,  Pro-Búsqueda introdujo (septiembre de 2019) la iniciativa de Ley del Banco Nacional de Datos de ADN, aprobada por la anterior legislatura (enero 2021) superando las observaciones presidenciales (marzo 2021) y publicada en el Diario Oficial (abril 2021).

Estos esfuerzos normativos, sumados a la publicación de los nombres de las víctimas plasmados en el monumento Memoria y Verdad situado en el Parque Cuscatlán, reivindican a miles de víctimas del conflicto armado y la represión y demuestran la importancia de visibilizar estos hechos para generar conciencia sobre la necesidad de establecer la verdad, hacer justicia y reparar a los familiares de las víctimas.

Los crímenes atribuidos al asesino serial de Chalchuapa, el doloroso hallazgo de fosas y cementerios clandestinos han desencadenado el calvario de centenares de familiares errantes en la angustiosa búsqueda de sus seres queridos, elevando la demanda social por esclarecer la dramática situación de miles de desaparecidos y exigiendo la asignación de recursos científico-técnicos y financieros para reforzar las capacidades de investigación sobre los hechos. Según datos de la FGR solo en los primeros cuatro meses de este año van 415 desaparecidos, mientras la PNC reporta 654. En los últimos tres años sin contar el presente suman 7317 desaparecidos.


La desesperación de esta infructuosa búsqueda de familiares derrumba el falso discurso de Bukele del Control Territorial y la falacia de días sin homicidios. Se impone romper el silencio ante la pretendida mordaza del Ministro de Seguridad que intenta menospreciarlos bajo el argumento de la migración y por si fuera poco callando las denuncias con el mezquino propósito de proteger la imagen gubernamental. Es perverso negar desde la Asamblea un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas solo para esconder el fracaso de sus planes de seguridad.

Es un derecho de las familias publicar sus desaparecidos y las circunstancias en las redes sociales en vista del silencio e inoperancia del régimen. En países democráticos se estimula la denuncia, la información pública, la cooperación y participación ciudadana para prevenir delitos, la transparencia fortalece la seguridad pública. Estamos muy lejos de eso.