El nuevo presidente del IAIP defendió la resolución. Señalan que protegen la información personal.

Política

Adendas sobre el patrimonio de funcionarios no serán públicas por decisión del IAIP El IAIP revocó su resolución y desactivó la orden de entregar adendas del presidente Bukele.

Yolanda Magaña

miércoles 4, noviembre 2020 • 4:45 am

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Las adendas o anexos de los informes patrimoniales de los funcionarios públicos son información de naturaleza confidencial, de acuerdo a una resolución emitda por el Instituto de Acceso de la Información Pública (IAIP).

El IAIP revocó un fallo anterior en el que había ordenado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregar a una ciudadana las adendas del presidente Nayib Bukele a la Sección de Probidad de la CSJ.

El Instituto resolvió que la adenda es una información personal entregada a la Corte “con la única finalidad de rendir sus declaraciones de Probidad” y la CSJ tiene la obligación de darle tratamiento de datos personales.

El presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, explicó que la resolución del IAIP afectaría no solo el caso del presidente de la República, sino de cualquier funcionario o exfuncionario indagado por la Sección de Probidad.

La resolución fue firmada por el presidente del IAIP y los comisionados Luis Javier Suárez Magaña y Gerardo José Guerrero Larín, quien suple a José Alirio Cornejo, fallecido el 11 de septiembre.

“Se refiere a las adendas, no se refiere a los informes de Probidaad. No es solo en el caso del Presidente. Implica a funcionarios que caen en esta situación”. Ricardo Gómez Guerrero, presidente del Instituto de Acceso


Actualmente solo las declaraciones patrimoniales tienen carácter público.

No así las auditorías patrimoniales que fueron reservadas por el pleno de la CSJ en 2017 cuando los investigados han sido exonerados.

Sobre las adendas, según el IAIP, tampoco sería posible entregar una versión pública. “Es prácticamente imposible generar una versión pública, de tachar todo el documento”, afirmó el funcionario.

 

Ven retroceso.

Roberto Burgos, ciudadano que logró la entrega de las auditorías patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, ve la resolución como una involución en el principio de máxima  publicidad.

Advirtió que El Salvador es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que compromete a los órganos e instituciones a promover la prevención de la corrupción y aplicar progresivamente mecanismos para incrementar el conocimiento ciudadano de información relevante en este sentido para el escrutinio público.

“Esto está demostrando cuál va a ser la línea del voto mayoritario del IAIP”, indicó.

“En aquel momento del expresidente Flores, Saca y Funes, en los procesos de apelación que llevé ante el IAIP, me permitieron conocer las auditorías y las adendas”. Roberto Burgos, demandante de información pública y usuario del IAIP

Wilson Sandoval, director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (Alac-Funde), tildó a los autores de la resolución de servilistas. Aseguró que los comisionados se han plegado a los intereses del presidente y de la administración pública. Sandoval cree que los funcionarios usaron una “artimaña legal” para revisar su propia resolución. El IAIP argumenta que la Ley de Procedimientos Administrativos les permite “revocar de oficio sus actos desfavorables”.

 

Nulidad.

En un voto en contra, los comisionados Claudia Liduvina Escobar y Andrés Grégori Rodríguez aseguran que la resolución del IAIP adolece de nulidad absoluta y ha violado los principios de defensa, igualdad procesal y seguridad jurídica. Señalan que el comisionado suplente en funciones Gerardo Guerrero se encontraba inhabilitado porque suplió a un comisionado que estaba inhibido a votar.

“Aquí hay un retroceso, los informes patrimoniales y sus adendas es información que debería considerarse de carácter público”. Wilson Sandoval, director de Alac-Funde

Declaraciones, auditorías patrimoniales y adendas

 

En 2016 las auditorías patrimoniales de tres expresidentes fueron entregadas a un ciudadano. Posteriormente, las investigaciones patrimoniales y las adendas han asumido carácter reservado por decisión de la CSJ y confidencial, por el IAIP.

 

Junio 20 de 2017

La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones.

 

Agosto 22 de 2019

La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales de Nayib Bukele pero rechazó la entrega de adendas.

 

Junio 22 de 2020

El IAIP resuelve revocar la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

 

Julio 30 de 2019

El IAIP de ese entonces ordenó a la CSJ entregar versiones públicos de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.