Nueve exfuncionarios presentes y dice ausentes fueron acusados por la Fiscalía General de la República por delitos de corrupción este domingo. Foto: Jaime López

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Acusan a 21 exfuncionarios del Ministerio de Justicia de apropiarse de $14 millones de las tiendas en penales El exministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde afirmó que a pesar de las circunstancias, espera un sistema judicial que será garante de derechos y garantías.

Jaime López

domingo 12, septiembre 2021 • 2:22 pm

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La Fiscalía General de la República acusó este domingo a nueve exfuncionarios presentes y 12 ausentes del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, de delitos de corrupción en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, tras vincularlos en el desvío de $14 millones provenientes de las tiendas que funcionan al interior de los centros penales del país.

Los exfuncionarios acusados fueron son el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima, el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; el exdirector jurídico, José Roberto Nóchez Melara; y el exsubdirector jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas Mejía.

También los exfuncionarios Luis Alonso Barrera Peñate, Flor de María Hernández Alfaro, Orlando Elías Molina Ríos, y Ramón Fernando Roque Mártir.

A los 21, Fiscalía les acusa de los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica.

La Fiscalía no precisó los delitos de forma individual en que serán procesados cada uno de los imputados, excepto del exministro Ramírez Landaverde, que será por peculado y actos arbitrario.

Ellos tenían la administración de los fondos de las tiendas institucionales e hicieron un uso indebido de dichos fondos, al utilizarlos para situaciones diferentes a las establecidas en la Ley Penitenciaria”. afirmó la fiscal del caso.

La fiscal afirmó que los exfuncionarios se valieron de sus cargos y de  la Asociación “Yo Cambio” para crear “Asocambio” y de esa manera hacer un uso arbitrario de los fondos.

A pesar que en la presentación tras sus capturas ante los periodistas (el jueves 9 de septiembre) las autoridades revelaron que el monto de lo supuestamente malversado ascendía a $14 millones, la fiscal del caso no quiso dar cifra en la presentación de la acusación y afirmó que será “hasta en la pericia financiera contable que se establecerá el monto real de lo desviado.

De los nueve acusados presentes, solo el exministro de Justicia, Ramírez Landaverde rompió el silencio y expresó su punto de vista sobre la detención: “estamos aquí voluntariamente, nos fueron a traer a nuestros trabajos y nuestras casas… desde hace dos años y medio estamos con este problema y desde un inicio nos pusimos a disposición de la Fiscalía para que realizara todas las diligencias que creyera conveniente”.

Fuimos llamados para dar nuestra versión de los hechos acusados y entregamos abundante información. Hemos esperado dos años y medio, confiamos que a pesar de los últimos acontecimientos habrá un sistema judicial que será garante de derechos y garantías de un proceso justo”. dijo Ramírez Landaverde.

El exministro dijo que el procedimiento policial para su captura ha sido innecesario porque “si nos hubieran llamado de parte del Tribunal aquí estuviéramos… ha sido completamente innecesario este procedimiento… Sin embargo, nos sometemos porque todavía creemos en un sistema justo e igualitario”.

Este es el tercer juicio que se realiza por hechos parecidos contra dos exdirectores de Centros Penales, pero la fiscal del caso, dijo que no se iba referir a la diferencia de esos procesos con el actual.

El primer juicio fue contra Rodil Hernández y Nelson Rauda, quienes fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Sentencia por los delitos administración fraudulenta y por actos arbitrarios en septiembre 2019 y en el segundo, el Tribunal Quinto de Sentencia los halló culpables del delito actos arbitrarios y les impuso dos años de prisión, que fueron reemplazado por trabajo de utilidad pública.

Por tales hechos y delitos, la Fiscalía pide al juez Sexto de Paz que ordene la continuidad del proceso con detención provisional para los nueve imputados.