La masacre de El Mozote ocurrió en diciembre de 1981 a manos del Batallón Atlácalt.

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Abogados y expertos listos para revisar el archivo del Ejército que aclare masacre El Mozote Las autoridades se proponen encontrar planes militares contrainsurgentes que arrojen pruebas, para esclarecer una de las peores masacres de El Salvador.

Jaime López

viernes 18, septiembre 2020 • 2:04 pm

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Abogados y reprentantes de Tutela Legal, "María Julia Hernández" brindaron una conferencia esta mañana en la que dieron por menores sobre la revisión de los archivos secretos de violencia que se registraron durante 1981 en poder del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los que se espera haya información que contribuya a esclarecer la masacre de El Mozote.

Los archivos serán hurgados por orden del juez de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán.

El juzgador ordenó el 28 de agosto que se resguardaran todos los archivos militares que serán revisados por peritos especializados, investigadores de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en al menos 13 guarniciones militares del país.

Entre ellas:

  • La Fuerza Aérea,
  • La brigada de Artillería teniente coronel Osorio en San Juan Opico, La Libertad,
  • Primera Brigada, Tercera Brigada en San Miguel,
  • Coprefa,
  • excuerpos de seguridad entre otros,

Esto, porque según los militares que han declarado, cada guarnición cuenta con su propio archivo.

Por primera vez el Estado va a prestar su colaboración para hacer inspecciones en el Estado Mayor; esto conlleva la incautación, el secuestro de planes militares contrainsurgentes que se utilizaron para exterminar a la población civil a nivel nacional (en la década de los 80) porque el batallón Cuscatlán operó a nivel nacional". Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal.


Agregó que el proceso penal de la masacre El Mozote contiene abundante prueba testimonial, documental, científica y otros documentos militares enviados por el Estado donde consta la hoja de vida de los 16 imputados.

"El objetivo del señor Juez de Instrucción es hacerse acompañar de los peritos, la Policía Científica para fijar la evidencia de los homicidios donde se localizó, estará la Fiscalía, los defensores y el objetivo es encontrar información de carácter militar", detalló Medrano.

En el 2018 fuentes militares manifestaron que tenían conocimiento que habían planes militares en el archivo de la Fuerza Armada y que esos planes históricamente no se destruyen porque representan la historia del país como enfrentó a la guerrilla .

"Por lo tanto consideramos que esos documentos se encuentran en el archivo. El juez al ordenar la diligencia emitió una medida cautelar con el objetivo de asegurar la existencia de esos documentos y no permitir el ocultamiento, la sustración y extravío de documentos, de lo contrario daría lugar a delito", explicó el abogado.

Tres peritos fueron juramentados para la inspección de archivos militares. / Cortesía

Plan B

El equipo de abogados afirmó tener un plan B de no encontrar pruebas en la revisión de archivos, tienen prueba abundante para llevar a juicio a los autores intelectuales y mediatos de la masacre al norte de Morazán.

La masacre de El Mozote al norte de Morazán encierra una serie de masacres en el departamento se dio en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, a quien se le atribuye la matanza de más de 1,000 personas, en su mayoría menores de edad, ocurrió en diciembre de 1981.

Por su parte, el abogado Ovidio Mauricio González, director ejecutivo de Tutela Legal, afirmó que esta investigación topó con obstáculos, y es hasta que después que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que se registraron avances significativos en las investigaciones de la masacre de El Mozote.

El abogado González detalló que uno de esos avances fue una de las diligencias que iniciarán este lunes sobre los peritajes de archivistas en el Estado Mayor de la Fuerza Armada, en el que se buscará información sobre los informes militares y todas las acciones que realizó el Ejército en el día a día.
Esta investigación está proyectada para que termine a más tardar en diciembre de este año.

"Se espera que los peritos hagan un diagnóstico de los archivos y si hay alguna prueba de tipo documental y si no ellos mismos, van a decir si es necesario reconstruir el archivo del Ejército", sostuvo el profesional.

2016Año En que derogó la Ley de Amnistía y se empezaron a reabrir los procesos judiciales de crímenes de guerra.

Pero la gran inquietud, es ¿cómo será posible esa reconstrucción? La respuesta de Medrano es que hay muchos archivos satélites del tema en medios de prensa, informes en la Asamblea Legislativa y en poder de diferentes instituciones que pueden coadyuvar a reconstruir un archivo general.
Dijo que esta semana, se realizaron inspecciones que tenía como fin recabar pruebas de un expediente que se acumuló a la masacre de El Mozote, sobre el desaparecimiento de las niñas Mejías que fueron vistas por última vez en un vehículo de la Fuerza Armada cuando eran llevadas y luego desaparecieron.

Se espera que sean las últimas diligencias en el avance de la depuración del expediente El Mozote. La diligencia que inicia la próxima semana será desarrollada por peritos, archivistas juramentados.

La operación que se investiga y que había sido cerrada por la vigencia de la Ley de Amnistía , la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la exguerrilla, ahora Partido Frente Fabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

De acuerdo con los registros, esa operación se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre. Las investigaciones apuntan que durante la jornada violenta, los soldados ingresaron a las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron. Otras personas con mejor suerte fueron desplazadas a otras regiones del país o emigraron a Honduras.

Durante la edición de esta nota, se conoció que el ministro de la Defensa, René Merino, dijo a la Corte Suprema de Justicia que no dará acceso a los archivos militares.