Política

Abogados dicen reforma viola Constitución y busca control político de jueces Organizaciones de abogados y Asociación Nacional de la Empresa Privada rechazan reforma.

Saraí Alas

jueves 2, septiembre 2021 • 5:15 am

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Abogados y algunas instituciones de la sociedad civil señalan que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) son inconstitucionales y creen que con ello el Gobierno pretende tener el control del Órgano Judicial.

Ellos sostienen que la reforma es inconstitucional porque fueron iniciativas de los diputados oficialistas Caleb Navarro y Jorge Castro; y no de la Corte Suprema de Justicia como lo ordena la Constitución de la República.

Los abogados detallan que la Constitución de la República establece en el artículo 133 que la CSJ tiene exclusivamente la iniciativa de ley en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales.

Estas fueron aprobadas el 31 de agosto con dispensa de trámites minutos después de haber sido propuestas por los legisladores de Nuevas Ideas, quienes alegaron que están renovando el sistema judicial y depurándolo de jueces y magistrados corruptos.

No le compete a la Asamblea Legislativa hacer este tipo de reformas, le compete únicamente a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el proceso es inconstitucional”. Wilson Sandoval, abogado

Buscan jueces con el Gobierno.

El abogado Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde), aseguró que las reformas tienen una “intención política” de controlar a los jueces y magistrados.

“La intención es sacar del juego a aquellos jueces que representan una amenaza al Ejecutivo, una amenaza de control sobre las acciones que puedan tomar desde el Ejecutivo, la persecución de delitos o la persecución de actos de corrupción que se ventilen en tribunales y la protección que se le puede estar brindando a aliados del Ejecutivo cuando se enfrenten a tribunales”, acotó Sandoval.

Solo es el Órgano Judicial por medio de la Corte Suprema de Justicia la que debe iniciar el proceso de reforma o aprobación de una ley, no la Asamblea”. Eduardo Escobar, abogado

Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, señaló que las reformas pretenden favorecer a personas cercanas al Gobierno de Nayib Bukele. “Lo que se va a generar es que los jueces que no resuelvan como quiere el Gobierno al final son trasladados; o jueces que se pliegan al Gobierno y resuelven en favor de lo que el Gobierno quiere”, dijo.

La directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Marjorie de Trigueros, calificó las modificaciones a las leyes como “instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia”.

Trigueros manifestó que no se puede hablar de “depuración judicial” porque los criterios utilizados por los legisladores de la bancada cyan  para cesar a los jueces son la edad y los años de servicio, por lo que “no tiene relación con falta de integridad”.

El contenido de las reformas es un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia”. Marjorie Trigueros, representante de Fusades

Para José Marinero, de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), esta es la continuación del “golpe de Estado del 1 de mayo”.

Prevé “injerencias indebidas” de jueces y magistrados nombrados por la CSJ para reemplazar a los “depurados”.

“No es ninguna depuración, pues no sigue ningún criterio más que el de la edad y tiempo de servicio de los jueces y magistrados”, coincidió el titular de DTJ.

 

Sus derechos.

Los abogados Sandoval y Escobar coinciden en que la reforma viola garantías constitucionales de jueces y magistrados como: derecho a la defensa y al debido proceso, derecho al trabajo, derecho a la igualdad y no ser discriminado, y derecho a ocupar un cargo público al ser juzgados por su edad. En una depuración judicial, dice Escobar, se tendría que evaluar el trabajo y la conducta de cada juez.

Por su parte, el abogado Enrique Anaya dijo que con el cese de jueces y magistrados constituyen la consolidación de una dictadura. “El régimen autocrático busca consolidarse: eliminar toda posibilidad de justicia independiente”, escribió Anaya en Twitter.

El régimen autocrático busca consolidarse: eliminar toda posibilidad de justicia independiente. Es la oportunidad para que jueces y magistrados se pronuncien contra el golpe del 1 de mayo”. Enrique Anaya, abogado

No violó Constitución.

En una breve respuesta, el diputado y abogado Guillermo Gallegos aseguró a Diario El Mundo que la Asamblea Legislativa no violó ninguna normativa jurídica o la Constitución de la República, ya que es importante hacer “cambios y movimientos dentro del Órgano Judicial”.

Nuevas Ideas ha asegurado la importancia de depurar el sistema de jueces y magistrados corruptos y han mostrado su rechazo a una resolución que favorece a Norman Quijano.

Desde ningún punto de vista estamos violentando la Constitución, lo que hemos hecho está apegado a la ley y es importante hacer este tipo de cambios en el Órgano Judicial”. Guillermo Gallegos, diputado

Las reformas a las leyes de la carrera judicial y de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República facultan a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, ambos actualmente cercanos al oficialismo, hacer traslados temporales o permanentes “por razones justificadas de conveniencia”, cesar a jueces mayores de 60 años y a sustituir las plazas vacantes que queden.

 

Organizaciones. 

La Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) coincidieron en que las reformas van contra la independencia judicial. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) rechazó la reforma por inconstitucionales y exhortó a la Asamblea Legislativa a dar marcha atrás y a las instituciones a no aplicarla.

Es la continuación del golpe del 1 de mayo. No es ninguna depuración pues no sigue ningún criterio más que el de la edad y tiempo de servicio de los jueces y magistrados”. José Marinero, abogado, presidente de DTJ

Polémica reforma judicial aprobada el 31 de agosto en El Salvador

 

  1. Jubilaciones

La reforma saca a los mayores de 60 años. No aplica a magistrados de CSJ ni altos funcionarios de Fiscalía. Limita el tiempo de servicio a 30 años.

 

  1. Vacantes

El consiguiente nombramiento de vacantes lo deja en manos del pleno de la CSJ y del fiscal general. No define criterios ni procedimientos.

 

  1. Traslados

A ambas instituciones las faculta a realizar los traslados según conveniencia o necesidades de las unidades.  No se definen criterios de traslados.