Las medidas pretenden disminuir los casos COVID-19. / CAPRES

Política

Abogados: decreto ejecutivo que restringe circulación de personas es inconstitucional

Gerson Chávez

viernes 8, mayo 2020 • 12:02 am

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Un grupo de abogados sostiene que el decreto 22 del Ramo de Salud vigente desde este jueves viola la libertad económica, restringe la libertad de tránsito de las personas y la circulación del transporte público de pasajeros.

El Gobierno emitió el decreto 22 luego de que la Asamblea Legislativa aprobara este lunes el decreto legislativo 639, que contiene la “Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19”.

El director de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, argumentó que el decreto ejecutivo 22 es inconstitucional principalmente porque en su contenido excede lo que puede normar el Órgano Ejecutivo en un reglamento, acuerdo o decreto, pues “contiene intensas restricciones a la libertad de circulación”.

Expuso que el artículo 4 del decreto prohíbe que las personas salgan todos los días de sus casas y solo las habilita para que vayan a comprar alimentos y medicinas o visiten una agencia bancaria en días fijados por el Gobierno, a partir del último número de sus Documentos Únicos de Identidad (duis). De igual forma, prohíbe que las personas se desplacen de un municipio hacia otro, excepto que se desplace al trabajo o al mercado o supermercado cuando esté autorizado.

El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, explicó el decreto no respeta la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que prohibió la detención personas por el hecho de violar la cuarentena y llevarlas a centros de contención a menos que haya pruebas objetivas que están contagiadas de COVID-19.

El artículo 2 del decreto   indica que todas personas que salgan a la calle deberán portar mascarillas, de lo contrario, serán enviados a centros de cuarentena.


La abogada Xenia Hernández planteó que, a raíz de la restricción de estos derechos constitucionales causados por el decreto 22, la “Fiscalía debe promover la acción penal contra todos aquellos funcionarios que cometan acciones arbitrarias e ilegales en contravención a la Constitución”. Por su parte, el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Wilson Sandoval, exhortó al fiscal general a velar por la legalidad de las acciones del Ejecutivo.

No todos los abogados creen que el decreto es inconstitucional. Consultada al respecto, la abogada Thania Pastor dijo que la normativa sí es “congruente con la Constitución, la Ley de la Cuarentena y la resolución de la Corte”.

Su argumento es que “ha sido declarado zona epidemiológica sujeta a control sanitario es el territorio” nacional y no es un municipio sí y otro no, lo que facultaría al Ejecutivo a tomar las medidas que los primeros juristas consideran violatorias de la Constitución de la República.