Política

Abogado dice que Ley de Agentes Extranjeros es contraria a la FARA de EEUU Una ley estadounidense de 1938 también regula agentes extranjeros. En El Salvador, se discute si son similares o no.

Yolanda Magaña

domingo 14, noviembre 2021 • 11:21 am

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El abogado Enrique Anaya, crítico del Gobierno y quien enfrenta un proceso de investigación profesional, sostiene que la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador es contraria a la Ley del Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno salvadoreño han reiterado que la ley propuesta en El Salvador es similar a la emitida en los Estados Unidos en 1938.

La Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos, expresó Anaya, no es equivalente en contenido a la propuesta salvadoreña únicamente porque coincidan sus nombres.

Puede leer: Presidente dice que Ley de Agentes Extranjeros es la misma de EE.UU.

El profesional indicó que la FARA busca controlar organizaciones o personas que “actúan en favor de intereses de un gobierno, organización o persona extranjera”.


En cambio, sostiene que la Ley de Agentes Extranjeros propuesta en El Salvador busca controlar organizaciones o personas “que defienden intereses salvadoreños pero reciben fondos del exterior”.

"Al leer algunas de las últimas condenas en EE. UU. por violar la ley FARA, aparece claramente que la imputación es defender intereses extranjeros y no registrarse o dar información falsa", explicó.

La Ley de Agentes Extranjeros busca estigmatizar, deslegitimar, desfinanciar y cerrar organizaciones de la sociedad civil y medios, sobre todo aquellas que trabajan en promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la transparencia, como medios de comunicación independientes”. Enrique Anaya, abogado crítico al Gobierno.

Según el jurista la defensa de intereses extranjeros "es muy diferente a que una organización de la sociedad civil de El Salvador reciba fondos de cooperación internacional para, por ejemplo, apoyar víctimas, a divulgar derechos humanos, o promover transparencia".

En este último caso, indicó, efectivamente "hay un interés extranjero", pero aclaró queen estos casos "lo esencial es apreciar el núcleo y dirección de ese interés". Puso como ejemplo que no es que medios como El Faro o GatoEncerrado, al recibir donaciones de Open Society, estén sirviendo a intereses extranjeros.

En julio pasado, Anaya, crítico del gobierno, informó de la apertura de un proceso disciplinario en su contra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de la publicación de una columna de opinión sobre anomalías en el proceso de elección del actual presidente de la CSJ.

La ley FARA y la propuesta salvadoreña

La ley FARA de Estados Unidos exige que los agentes que representen intereres de potencias extranjeras divulguen su relación con el gobierno extranjero, así como los desembolsos del dinero que reciben.

La propuesta salvadoreña de Ley de Agentes Extranjeros prohíbe que las organizaciones financiadas por extranjeros participen en actividades que arriesguen la estabilidad social y política, el orden público o que tengan “fines políticos”, sin establecer definiciones de dichos criterios.

Al defender la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, diputados de Nuevas Ideas han mencionado expresamente a organizaciones como Open Society Foundations, que financia medios de comunicación investigativos; así como a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que promueve la transparencia; y Cristosal, que defiende víctimas de desplazamiento, desapariciones y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad.

La propuesta salvadoreña prohíbe en general la participación de fondos extranjeros en actividades con fines políticos sin excepciones.

Sin embargo, crea un impuesto de 40 % de los ingresos de algunas organizaciones con excepciones expresas a entidades que se dedican a actividades humanitarias, religiosas, sanitarias, académicas, educativas y científicas de buena fe.

Al contrario de lo que opinan funcionarios salvadoreños, el abogado cree que la ley propuesta en el país es “una copia” de la de Nicaragua, ya que, sostiene es arbitraria y confiscatoria.