La denuncia fue hecha por Mónica Ayala, directora del ISSS; Rolando Castro, ministro de Trabajo, y Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia. Foto: @SecPrensaSV

Nacionales

El ISSS presentará un aviso a la Fiscalía por esta razón

Iván Barahona

lunes 5, octubre 2020 • 8:17 pm

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Funcionarios de Gobierno anunciaron que este martes interpondrán un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta “corrupción” por parte de la administración del FMLN en la construcción del Hospital Regional de San Miguel.

De acuerdo con Mónica Ayala, directora de Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Gobierno anterior estableció un acuerdo supranacional con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo cual habría hecho “sin la autorización del Presidente de la República, ni de Cancillería”.

En ese sentido, la funcionaria explicó que la empresa constructora debía haber terminado el hospital en el primer trimestre de 2019; no obstante, asegura que hasta la fecha la empresa ha hecho un avance del 98 %.

Ayala agregó que, hasta el momento, dicho acuerdo acumula un total de $120 millones, los cuáles habrían sido tomado de los beneficiarios del ISSS.

"Esta corrupción asciende a $120 millones, los cuales han sido tomados de las aportaciones de los derechohabientes". Mónica Ayala, directora del ISSS.

Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, explicó que el ISSS fue separado del proyecto del Hospital de San Miguel, debido al acuerdo con UNOPS suscrito con los ex directores de la institución, en ese entonces Leonel Flores y Ricardo Cea; especificó además que el contrato inició con $55 millones, y que las deudas fueron incrementándose hasta llegar a la cifra actual.


“El contrato, a la fecha, ya lleva en deudas $120 millones. Inició con $55 millones, pasó a $62 millones y ya estamos a $120 millones de deuda”. Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia

Además, Castro afirmó que existe un arbitraje de la obra, para lo cual fue contratada una firma desde 2019, que habría cobrado a la fecha “alrededor de $789.000”, y la cual no ha presentado hasta el momento un reporte sobre dicho arbitraje.

De igual forma, aseguró que el contrato no tienen "ninguna validez", y que por tanto se iniciara el “proceso correspondiente”, basado en dicho “contrato y en la Constitución”.

"Este contrato, según nuestra legislación, es nulo, no tiene ninguna validez. Vamos a iniciar los procesos correspondientes legales que nos autoriza el contrato y nuestra legislación". Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia

"Vamos a acudir mañana a la FGR. Ojalá que el fiscal no se tarde siete meses (en investigar), como lo que está pasando con otros casos. Ojalá actué", dijo por su parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, haciendo referencia a la denuncia interpuesta contra la alcaldía de San Salvador por presuntas retenciones de cuotas laborales y despidos injustificados de empleados de esa comuna.

$120MillonesEn deudas acumula el acuerdo, según denunciaron los funcionarios.