Seis investigadores de la Policía Nacional Civil que valiéndose de la autoridad, al parecer, ingresaban a las viviendas sin autorización judicial para robar, hurtar y extorsionar a sus moradores en San Vicente, deberán seguir en detención mientras son procesados en la fase de instrucción, resolvió este lunes el Juzgado Especializado de Instrucción “B”.

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A prisión los policías que robaban y hacían allanamientos ilegales Una vez adentro de las viviendas, los policías exigían dinero, droga y objetos de valor; sí las víctimas se negaban les ponían droga y los detenían por ese delito.

Jaime López

martes 27, abril 2021 • 4:45 am

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Seis investigadores de la Policía Nacional Civil que valiéndose de la autoridad, al parecer, ingresaban a las viviendas sin autorización judicial para robar, hurtar y extorsionar a sus moradores en San Vicente, deberán seguir en detención mientras son procesados en la fase de instrucción, resolvió este lunes el Juzgado Especializado de Instrucción “B”.

El fiscal del caso afirmó que los agentes policiales detenidos el jueves de la semana anterior son procesados por los delitos de extorsión agravada, fraude procesal, privación de libertad agravada, hurto agravado y robo agravado.

La juzgadora ha valorado los indicios presentados por la representación fiscal y ha accedido a la petición sobre la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, afirmó uno de los fiscales.

La decisión de la jueza es “tomando en cuenta la calidad que éstos ostentan, agentes investigadores de la Policía Nacional Civil que podría obstaculizar los elementos de prueba o los actos de comprobación que Fiscalía podría solicitar en la etapa instructora”, explicó el fiscal.

Además, dijo que por la condición de policías podría fácilmente amedrentar a las víctimas dado los conocimientos básicos que tienen para identificar a las personas.

Según Fiscalía, los imputados cometieron 12 casos delictivos contra pobladores de San Vicente entre los años 2016 y 2018.


 

Así operaban

Las investigaciones detallan que siempre que los imputados salían de licencia o descanso, contactaban a una persona que actualmente tiene régimen de protección para que les colaborara a identificar ciertas personas a las que podrían perjudicar atribuyéndoles delitos que no habían cometido.

“Y de esa manera detenerlos y aprovecharse económicamente de ellos”, sostuvo el fiscal. Una vez que el colaborador identificaba a las víctimas, los investigadores ingresaban ilegalmente a sus casas, obligaban a las víctimas que les colaboraban con dinero, droga u otros objetos de valor.

Sí las personas se negaban, “les ponían droga” y ya con esa evidencia procedían a la detención de los moradores. Llevaban a los detenidos al departamento de investigaciones, donde otros dos investigadores rehacían las actas de detención y ellos figuraban como testigos de diferentes hechos que les atribuían.

“Robaban diferentes artículos entre celulares, bicicletas importadas de $500 y $1000, las exigencias de dinero oscilaban entre $500 y $600”, afirmó el fiscal del caso.

Los falsos procedimientos contra sus víctimas los ejecutaban en horas de la mañana, uniformados o vestidos de civiles. “Algunas privaciones de libertad por agente de autoridad, las cometían en la madrugada”, afirmó el fiscal.

La investigación que permitió llegar a este grupo de agentes y establecer los 12 casos en contra de 15 víctimas, ese tiempo no solo sirvió para documentar bien el caso sino para “retribuir a las víctimas por los daños causados por la violencia psicológica y social que habían sufridos por estos agentes”.

La Fiscalía ha solicitado cinco meses de investigación  para recabar todas las pruebas que necesita para llevar a juicio a los seis investigadores policiales.