El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública ordena los viajes de funcionarios deben ser publicados.

Política

56 % en el Estado no actualiza información de viajes según estudio de Fespad Investigación reitera graves atrasos en acceso a información en El Salvador.

Yolanda Magaña

lunes 4, octubre 2021 • 10:22 am

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El 56 % de las instituciones públicas, analizadas en una investigación de la Fundación para Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), no actualizan la información sobre los viajes de sus funcionarios o empleados.

Este tipo de información se llama “oficiosa”, ya que el oficial de información está obligado a publicar dicha información sin que se lo soliciten.

De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), es información oficiosa la siguiente:

11. Los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto”.

El estudio hizo un sondeo entre oficiales de información y una revisión de 27 portales de transparencia del Estado.

Se identificaron algunos obstáculos básicamente en el ámbito social, no hubo un aprendizaje social de cómo ejercer el derecho de acceso a la información por parte de la sociedad en general”. Alicia Miranda, investigadora de acceso a la información pública.


 

Información oficiosa no se actualiza

De acuerdo a la investigación, el 70 % tiene actualizado el directorio de funcionarios, así como los presupuestos.

El 60 % no tiene actualizados los recursos asignados a entes privados, el 74 % no tiene actualizado el inventario de inmuebles.

En relación a las obras bajo ejecución, el 59 % tampoco tiene actualizada la información.

 

Oficiales delegan su función

De acuerdo a un sondeo entre una muestra de 28 oficiales de información de alcaldías, la mayoría cree que la entrega de la información pública no es una decisión que debe tomar el oficial de acceso a la información, sino otras personas.

¿Quién debe decidir si entregar la información pública o no según los oficiales de información entrevistados? Esto respondieron los oficiales de información:

  • 45 %: el jefe de la unidad administrativo
  • 45 %: el jefe de la unidad administrativa
  • 30 %: el titular
  • 20 %: otras personas
  • 5 %: el oficial de información

Entre las funciones del oficial de información no está la consulta al titular u otras personas externas sobre si entrega o no una información.

De acuerdo al artículo 50 de la ley, son funciones del oficial de información:

  1. Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades responsables las actualicen periódicamente.
  2. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información.
  3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que solicitan.
  4. Realizar los trámites internos necesarios para la localización y entrega de la información que solicitan.
  5. Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.
  6. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan.

 

Yo considero que el oficial de información con los jefes de las unidades administrativas (deben decidir si entregar o no una información). A veces en el ámbito municipal eran los alcaldes los que decidían qué información era pública”. Alicia Miranda, investigadora de información pública.

 

Quiebre

De acuerdo a Blanchi Orellana, abogada de Fespad, hay un quiebre en el derecho de acceso a información pública a partir de 2019.

Alicia Miranda, investigadora, sostuvo que El Salvador está en una fase de contención del derecho de acceso a información pública, luego de una etapa de un esfuerzo muy grande realizado por organizaciones de la sociedad civil, una etapa de "primavera".

Es importante que el Instituto pueda recuperar esta imagen que tenía, esto solo es posible si hay independencia en los comisionados, procurando el derecho de acceso a la información y no buscando complacer al Órgano Ejecutivo, que es lo que se ve. Pareciera que los comisionados son los abogados defensores de los entes obligados. Creo que debe haber un giro”. Kenia Gómez, periodista, en comentario sobre la investigación.