Dos mil millones de dólares es una suma enorme para un país pequeño y con una deuda de más de $27 mil millones, pero la pandemia generada por el coronavirus (COVID-19) justifica que la Asamblea Legislativa haya aprobado esa cantidad para que el Ejecutivo y las municipalidades pueden atender la emergencia.

Opinión

$2 mil millones que debemos auditar Tal vez la cantidad aprobada, que representa el 8% del pib sea mucha o poca, lo importante es que se utilice adecuadamente…

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 31, marzo 2020 • 12:00 am

Compartir

Dos mil millones de dólares es una suma enorme para un país pequeño y con una deuda de más de $27 mil millones, pero la pandemia generada por el coronavirus (COVID-19) justifica que la Asamblea Legislativa haya aprobado esa cantidad para que el Ejecutivo y las municipalidades pueden atender la emergencia.

De esos dos mil  millones de dólares, cuyo financiamiento hay que buscar a través de préstamos en el extranjero y con instituciones financieras internacionales o a través de la emisión de bonos, el 70% será ejecutado por el Gobierno y el 30% por las 262 municipalidades del país.

El dinero debe servir para brindar ayuda a la micro, pequeña, mediana empresa y a los sectores agrícolas, ganadero y cafetalero, que son de los más afectados por la pandemia. Desde luego los más afectados son los millones de salvadoreños, especialmente los trabajadores informales y quienes tienen trabajos inestables.

Tal vez la cantidad aprobada, que representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador,  sea mucha o poca, lo importante es que se utilice adecuadamente en obras y acciones que remedien las consecuencias nefastas del virus. Ese dinero hay que invertirlo en medicamentos e insumos que permitan prevenir y enfrentar la enfermedad, en atención a los pacientes y en la reconstrucción económica del país.

Creo que se hizo bien en aprobar esos fondos que por supuesto deben ser administrados de manera transparente y auditados con la debida seriedad técnica y no política. Junto a la aprobación para buscar ese dinero en préstamos internacionales, también se aprobó la creación de un comité supervisor que estará conformada por representantes del gobierno, la empresa privada (micro, pequeña y gran empresa) y la academia.

Es importante que se fiscalice de manera correcta los fondos, pues son 2 mil millones de dólares que todos los salvadoreños (incluyendo las nuevas generaciones) vamos a tener que pagar porque es más deuda externa. Ese comité supervisor será el encargado de administrar y auditar la plata, por lo que debe ser responsable, profesional y honesto. Habrá representación del Ejecutivo, de organizaciones empresariales, de sectores productivos y de académicos, quienes tendrían la misión de garantizar el uso correcto del dinero.


Ese comité tiene que exigir un informe de cada centavo que se gaste. Los mil 400 millones de dólares asignados al Ejecutivo debe reflejarse en obras que palien las consecuencias negativas que desde ya estamos viviendo los salvadoreños en el aspecto social y económico.  A ese comité debemos exigirle los ciudadanos. Ellos auditarán al Ejecutivo y las alcaldías y nosotros los auditaremos a ellos, porque la cantidad aprobada es nuestra deuda que a la larga vamos a pagar.

A las alcaldías hay que pedirles y exigirles un manejo eficiente. Algunas recibirán varios millones de dólares que deben utilizarlos de manera correcta, no en bailes comunales, en aumentos de dietas a concejales, en publicidad o en un sinfín de rubros innecesarios. Conozco alcaldes que regalan rosas con fondos de la municipalidad, que hacen gastos superfluos para regalar productos y dar la sensación de benefactores y que usan las alcaldías como casas de campaña.

Los criterios para darles los fondos a las alcaldías no deben ser los mismos que se utilizan para repartir el FODES, pues los niveles de afectación por la pandemia son diferentes en cada caso. En algunos las pérdidas son millonarios porque han parado casi toda su actividad productiva y otros han sufrido menos por despoblados e improductivos.

A los alcaldes y concejos multipartidarios hay que auditarlos de cerca. Ha quedado demostrado que en muchas municipalidades los concejos pluralistas se han sometido o son sometidos  a la voluntad del jefe edilicio. Sería idóneo crear comités locales que de manera adjunta auditen el gasto. Ya muchos alcaldes y concejales han sido procesados por actos de corrupción y por su incapacidad en la ejecución de obras.

La auditoría sobre el Ejecutivo debe hacerse con rigurosidad. El presidente Nayib Bukele ha prometido invertir adecuadamente cada centavo. Hay que darle el beneficio de la duda, pero igual debemos pedirle cuentas y transparencia. Gobiernos anteriores demostraron que ante una calamidad siempre hay quienes se aprovechan, prueba de ellos son los procesos judiciales contra expresidentes corruptos.

Que bien que se aprobó la gestión de los 2 millones de dólares para enfrentar la pandemia, aunque eso nos hace más deudores que nunca a cada salvadoreño. No obstante, auditar el gasto es tan necesario como vital.